La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, de cinco policías federales y uno de la Ciudad por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de dos hermanas que vivían en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. También les fijó un embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de 20 millones de pesos y la prohibición de contacto por cualquier medio –entre ellos, telefónico, electrónico, redes sociales o por interpósita persona– con las víctimas y una restricción de acercamiento de 300 metros. Uno de los uniformados se desempeñaba en la garita de seguridad de la embajada de Estados Unidos. Los hechos sucedieron entre 2009 y 2011, cuando ellas tenían entre 13 y 15, y 14 y 16 años. Las buscaban en la zona de Parque Lezama y las trasladaban o citaban para abusarlas en distintos lugares, entre ellos el Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal, “cobachitas” en estaciones del ferrocarril, distintas viviendas y hasta en una quinta de Escobar.
La causa contra los seis uniformados llegó a la Cámara de Apelaciones luego de que el abogado defensor del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, que representa a las hermanas, apelara la falta de mérito para procesar o sobreseer a los imputados. La Fiscalía Federal no había apelado. Ahora, quedaron todos procesados.
Firman la resolución judicial, a la que accedió Página 12, los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto, integrantes de la Sala 7 en su condición de subrogantes.
Según el auto de procesamiento, uno de los agentes era cabo asignado a la División Terminal de Ómnibus y cumplía servicios en las estaciones de Retiro, Chacarita, Paternal, Devoto y Palermo del Ferrocarril San Martín y particularmente en la estación La Paternal. Otros dos cumplían servicios en la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas de la Policía Federal, en el predio del Cuerpo de Policía Montada, sobre la calle Cavia. El cuarto era inspector de la Policía de la Ciudad y hacía adicionales a bordo de trenes y en estaciones. El quinto trabajaba en el Cuerpo de Policía Montada y también en la garita de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, según indica la resolución judicial de la Cámara de Apelaciones. El último de la lista está retirado de la Federal con rango de auxiliar y se desempeñaba también en el Ferrocarril San Martín, más precisamente en las estaciones La Paternal y Devoto.
Se trata del segundo tramo de la investigación judicial. En 2016, seis efectivos de la Policía Federal y un agente penitenciario fueron condenados a penas de entre 7 y 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de manera reiterada a las dos hermanas. Todos llegaron con recursos hasta la Corte Suprema pero fueron rechazados y las penas quedaron firmes.
En el marco de esa causa se ordenó la extracción de testimonios a fin de individualizar a las restantes personas que fueron señaladas por las hermanas mediante apodos o apellidos. Pero todavía quedan muchos sin identificar.
“Estamos conformes con el avance de este segundo tramo de la causa, gracias al fallo de la Cámara, pero lamentamos que hicieran falta años de insistencia de las víctimas, con nuestro patrocinio, en la necesidad de que se avance en esa línea”, dijo a este diario Pablo Rovatti, coordinador del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de la Defensoría General de la Nación.
En el debate oral desarrollado en la causa de origen ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17, una de las hermanas explicó que vivían en la vía pública luego de haberse fugado de su casa. En ese contexto conoció a una persona a quien llamaba “Leiva”, empleado de la firma «Seguridad, Guardia y Custodia -SGC- que prestaba servicios en la línea de ferrocarril San Martín. Leiva le compró comida, tras lo cual la obligó a mantener relaciones sexuales y le proporcionó un teléfono celular de la empresa “Nextel” a fin de contactarla.
Mediante ese celular, Leiva le decía en qué estación se encontrarían para el contacto sexual con él o con distintos hombres, todos miembros de la Policía Federal Argentina o personal de seguridad de las estaciones férreas.
Leiva todavía no fue llevado a juicio oral. La causa en su contra tramita en el fuero federal por tratarse del delito de trata de personas para explotación sexual, además de abuso y sexual. Recién acaba de ser citado a indagatoria para el 24 de septiembre. El expediente tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10.
“Leiva las introdujo a las entonces niñas al circuito de trata con fines de explotación sexual donde eran sometidas por el personal policial y del Servicio Penitenciario Federal. Hay todavía muchos de ellos que no se ha podido establecer su identidad”, confirmó a este diario una fuente judicial.
En 2021, las dos hermanas recibieron un fallo favorable que ordenó indemnizarlas en 10 millones de pesos, más intereses “como reparación del daño moral y psicológico sufrido por las víctimas de esta red de abuso y promoción de corrupción de menores de 18 años, que fue organizada por funcionarios públicos”.
Como forma de reparación, también, la sentencia condenó al Estado a implementar y cumplir, en un plazo de ocho meses, programas de capacitación sobre violencias contra las mujeres y perspectiva de géneros, destinados a miembrxs de la Policía Federal. La indemnización fue dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1. El resarcimiento también preveía los gastos futuros “para el tratamiento psicológico de las que hoy son dos jóvenes adultas”.