“Afuera, que lo echen”. Javier Milei no quiso ni escuchar las explicaciones de Thierry Decoud y bajó la orden de desplazarlo de inmediato de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). A pesar de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien tiene a la empresa estatal bajo su órbita, todavía no había formalizado la convocatoria al funcionario para evaluar su continuidad, el Presidente se adelantó y le transmitió a su vocero Manuel Adorni para que hiciera el anuncio.
Si la estrategia inicial del Gobierno había sido tomar distancia del caso y dejar que Decoud se defendiera solo de las denuncias por un supuesto pedido de coima que realizó un intermediario a la firma de capitales israelíes TEGI Limited, en el marco de una operación de compra de carbón a YCRT, las contundentes pruebas convencieron a Milei.
Y este martes se terminó de gestar la decisión cuando en Casa Rosada empezaron a circular fotos del interventor Decoud junto a Andrés Gros, el empresario que, según un audio revelado por Clarín en exclusiva, pidió un dinero adicional -serían unos 30 mil dólares- a representantes de TEGI para asegurarles que podrían avanzar con la compra a YCRT de 30 mil toneladas de carbón de baja calidad por alrededor de 2,1 millones de dólares.
Las imágenes en cuestión de Decoud y Gros dan cuenta de un vínculo de amistad más estrecho que el de dos personas que juegan al fútbol esporádicamente: desde hace más de una década comparten un equipo de fútbol en Hindú Club. “Thierry nunca ocultó que se conocen”, dijeron cerca del interventor. “Igual -agregaron- es más amigo de Lucas, hermano de Andrés”. Hay fotos de ambos en el casamiento de Decoud y en otros eventos familiares y hasta un video en el que algunos hasta hicieron un improvisado VAR para comparar la voz del misterioso Gros con el del audio en el que se lo escucha pidiendo dinero.
Decoud comparte equipo con Andrés Gros, el empresario que pidió la coima por una operación que iba a hacer la estatal Yacimientos Carboníferos Río TurbioLo concreto es que en el Ejecutivo estallaron ante tantas imágenes -algunas acompañan esta nota- que corroboraban el vínculo y Milei no dudó en despedirlo. “Es inadmisible que el tipo que aparece pidiendo coimas sea el mismo con el que juega o jugaba al fútbol todos los fines de semana y que encima se haya enterado de que una empresa había hecho una oferta concreta. Teníamos que mostrar firmeza y que acá no se toleran cosas raras”, argumentan en Balcarce 50.
Thierry Decoud, junto a Lucas Gros, hermano de Andrés Gros, el empresario que pidió la coima“Esto demuestra que no bancamos a nadie que este sospechado de corrupción, no somos como los K como nos quieren comparar los periodistas”, resaltaba, desafiante, una espada importante del Gabinete. En rigor, la medida ejemplar contra el funcionario del PRO contrasta con la pasividad que mostró el Gobierno ante la confesión que realizó el presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala, cuando admitió en televisión que tenía unos 15 asesores trabajando activamente en su provincia para su campaña a la gobernación de San Luis.
Con todo, como viene ocurriendo desde que asumió Milei, el formato de la ejecución política de los despidos es implacable: el funcionario en cuestión es el último en ser notificado de su despido, definido por Milei junto al “triángulo de hierro”, que integran su hermana Karina y el asesor todoterreno Santiago Caputo.
Decoud, que tenía cierta expectativa en poder ganar tiempo para rendir cuentas de lo sucedido y mantenerse en el cargo, no fue la excepción. Caputo, el ministro de Economía, también se enteró por los medios pero no objetó en absoluto la medida. Más: en el Palacio de Hacienda admiten que el jefe de Estado le hizo un favor.
Es que más allá de haber coincidido con Decoud como funcionario durante la gestión de Mauricio Macri, el ahora ex interventor de YCRT había sido parte del paquete de designados que heredó Caputo cuando Nicolás Posse dejó la Jefatura de Gabinete.
El ministro ahora debe definir si designa un reemplazo o apura la venta de la compañía, incluida en el listado de privatizables de la Ley Bases, y considerada por el Gobierno como una de las más ruinosas para las arcas estatales: en el último año perdió 140 millones de dólares y para 2024 se proyecta un déficit, con motosierra incluida, de US$70 millones.
El tema es complejo porque ocupa a unos 2.100 trabajadores y es una empresa sobre la que pone especial atención el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, un aliado clave para el Gobierno en algunos proyectos en el Congreso.