En las empresas de servicios públicos de luz y gas, que hace 35 años tomaron la concesión de los activos de Segba y Gas del Estado, se empieza a percibir algo parecido a la «normalidad». Por primera vez desde 2019, las compañías tienen los contratos casi normalizados con el Estado, a partir de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) que encaró el Gobierno junto al sector privado.
Esa RQT determinó un aumento de las tarifas inicial para recuperar el atraso del último año -después de que entre febrero y abril 2024 se hiciera lo mismo para recomponer el atraso acumulado entre 2019 y 2023-, que se dividió en 31 cuotas mensuales hasta noviembre de 2027.
En el caso del gas, el Gobierno nacional -regulador- autorizó un alza en los márgenes o Valor Agregado de la Distribución (VAD) del 15% en promedio, con menor impacto sobre los hogares -9%- que en las industrias, comercios y estaciones de servicio de Gas Natural Comprimido (GNC) -30%-.
Además, por encima de eso también se estableció un incremento mensual de las tarifas de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural por redes, que está vinculado a la inflación mayorista y minorista de los meses anteriores, como forma de dejar constante los ingresos de las empresas.
Esa suba ya quedó confirmada para las eléctricas, pero todavía resta que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) adapte su normativa. Hasta el momento, el marco regulatorio sancionado en 1992 establece que los ajustes -hacia arriba o hacia abajo- deben ser semestrales; algo que dejó de reflejar la situación real cuando se empezó a disparar la inflación.
En junio, la suba de la luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) promedia el 2,5%, y el gas trepará en todo el país entre 2,6% y 2,8%, aunque faltan las resoluciones que lo confirmen.
Aún pese a estos periódicos ajustes, la morosidad se mantiene en torno a niveles del 3% al 4%, «incluso más bajos que en el gobierno de Macri», explicó a Clarín uno de los directivos del sector. En la industria creen que hubo un «cambio cultural» de los usuarios, que «entendieron que hay que pagar el servicio». A los clientes también los acompañan con facilidades para pagar y digitalización de las operaciones: ya no hace falta ir a las sucursales.
Inversiones en energía
Con la remuneración regulada por el Estado, las prestadoras de servicios públicos se comprometieron a hacer inversiones para mejorar la calidad del servicio, evitar los cortes de luz -en las eléctricas- e incrementar la confiabilidad general.
Edenor y Edesur prometen más de 2.000 millones de dólares en conjunto, mientras que las distribuidoras de gas aportarían inversiones por más de US$ 850 millones desde ahora hasta abril de 2030, de acuerdo a los cálculos de la consultora Economía & Energía.
Un tema que ocupa particularmente a las empresas de gas por estos meses es el de la renovación de las licencias de concesión.
La Ley 24.076 les otorgó a TGN, TGS, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas y Gas NEA la concesión de los activos de Gas del Estado por 35 años, hasta diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga por 10 años. La Ley Bases, el año pasado, extendió esa posibilidad por otros 10 años (20 en total), hasta fines de 2047.
Todas las licenciatarias quieren renovar su contrato con el Estado; las más avanzadas, que ya tuvieron una audiencia pública el mes pasado, son Metrogas, Litoral Gas y Camuzzi Gas Pampeana.
Precisamente la extensión de la licencia es una de las condiciones que espera YPF para vender su participación accionaria (70%) en Metrogas. La otra, ya cumplida, era el aumento de tarifas y la normalización del contrato.
Con el cumplimiento de la concesión, las empresas consideran que podrán volver a ser «sujetos de crédito«. Es decir, accederán a préstamos bancarios o al mercado de capitales a tasas de interés «razonables», condición imprescindible para operar los servicios públicos y mejorar las redes.