La charla que comenzó la noche del viernes 7 de abril de 2023 se extendió hasta las 2 de la mañana del sábado. Una vez que terminó la reunión familiar en la casa de Mabel, Sofía Fernández se fue a la suya, en el mismo terreno, en el partido de Pilar, al norte de la provincia de Buenos Aires. Pero Mabel ya no volvió a ver a su hermana.
Al mediodía, Mabel fue a buscar a Sofía a su casa y cuando no la encontró, le escribió mensajes de texto que ella no respondió. A las 3 de la tarde, cuenta Mabel, dos policías de la Comisaría 5ta. de Derqui llegaron a avisarle sobre Sofía. Uno de los policías le dijo que habían encontrado a Sofía perdida y que estaba en la comisaría porque indagaban sus antecedentes penales, pero que no se preocupara, porque después de la entrevista con un fiscal, su hermana quedaría libre. El otro policía le dijo que Sofía estaba detenida por un intento de robo. En cuestión de minutos, los policías se contradijeron.
Los policías le tomaron los datos a Mabel y se fueron sin darle detalles sobre Sofía y no le compartieron la dirección de la comisaría donde ella estaba detenida. Mabel quedó preocupada, ya que Sofía no tenía antecedentes penales y tampoco tenía problemas con sus vecinos y vecinas.
En la madrugada del lunes, Mabel recibió otra visita. Esta vez, dice, se trató de una psicóloga de la municipalidad de Pilar, acompaña de dos gendarmes, que fríamente le informó que Sofía se había suicidado en la comisaría y le sugirió que pusiera un perito para la autopsia, porque al amanecer, el cuerpo de su hermana sería trasladado a la morgue.
“Lo cierto es que nunca nos dieron tiempo de poner un perito. Nunca nos llamaron para reconocer el cuerpo de Sofía”, lamenta Mabel. El miércoles 12 abril de 2023, Sofía fue enterrada a cajón cerrado.
En un testimonio que forma parte del expediente judicial al que Soy tuvo acceso, Hernan Gastón Junod, director de la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, deja entrever que la muerte de Sofía no puede considerarse un suicidio, ya que en su garganta encontraron pedazos de colchón y una bombacha. Sofía tenía dos costillas rotas, tres hematomas en la cara y en la escena también fue encontrado un mechón que, intuye el forense, le fue arrancado de un tirón. “Nunca vi un suicidio de estas características […] no me cierra con una etiología de suicidio”, apunta.
Más de un año después de la muerte de Sofía, el 1 de mayo de este año, 10 policías de la Comisaría 5ta. de Derqui fueron acusados por el caso. Tres enfrentan cargos por homicidio doblemente calificado y otros siete por encubrimiento y falsificación de documentos públicos. Pero solo uno está en prisión, los demás siguen trabajando en la misma comisaría.
Para llegar a esta acusación, con sus escasos recursos, Mabel tuvo que contratar a abogados privados, a un perito particular y no descansa en denunciar la muerte de su hermana. La segunda semana de cada mes, junto a organizaciones sociales, realiza una marcha frente al Juzgado de Garantías N° 7 de Pilar, que es el que tiene a cargo la causa. En la movilización de agosto, recuerda Mabel, más de 20 policías armados y sin identificación oficial se apostaron frente al tribunal.
Un proceso irregular
Sofía tenía 39 años, le faltaba un año para alcanzar la edad promedio de vida que, de acuerdo con la organización RedLacTrans, alcanzan las mujeres trans en Latinoamérica.
El transfemicidio es la última escala de la violencia que atraviesan las mujeres trans después de enfrentar desiguales condiciones de vida respecto a la población heterosexual. Una desigualdad que se acrecienta en el gobierno de ultraderecha de Javier Milei, que prescindió del Cupo Laboral Travesti Trans y también eliminó el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, clave en la ejecución de políticas públicas a favor de las mujeres y las disidencias sexuales. Sumado a ello, las organizaciones sociales reportan una triplicación de hechos de violencia hacia la población LGBTIQ+ desde que comenzó la campaña presidencial, a finales de 2023.
Mabel sostiene que la muerte de Sofía se debió a su condición de mujer trans: “Para nosotros está claro lo que ha sucedido, que a Sofía la mataron por odio a la identidad de género”, dice.
Sin embargo, a pesar de que el Ministerio Público Fiscal acusó a tres policías por un homicidio triplemente calificado porque, según el equipo de fiscales, fue cometido por funcionarios públicos, por odio a la identidad de género de Sofía y con premeditación por más de dos de los policías, el juez Walter Saettone descartó la calificación por odio. Se basó en que el oficial Carlos Rodríguez -el único policía detenido y que pasó solo en la comisaría por tres horas, cuando Sofía ya habría fallecido- tenía en su teléfono registros de pornografía sobre mujeres trans y por eso el acusado no sentiría odio hacia las personas de la diversidad sexual, según explicó Ignacio Fernández Camillo, el abogado que representa a Mabel.
“Es transfemicidio y hacemos mucho hincapié en que Sofía fue torturada. Y no se está consignando en la investigación”, agrega Fernández Camillo, quien asumió el caso en septiembre del año pasado. Antes, Mabel había sido representada por otra abogada.
Cuando Fernández Camillo se sumó al proceso, todavía no había avances en la investigación y se encontró con una serie de irregularidades que ha intentado corregir en el camino: el fiscal Gonzalo Agüero era el encargo de investigar la muerte de Sofía, pero también la había acusado de robo el día que la detuvieron; de los 16 puntos de análisis que requería la autopsia de Sofía, sólo se habían hecho cuatro y todavía faltaba interrelacionar los mensajes encontrados en los teléfonos secuestrados a los 10 policías.
Cuando logró apartar del caso al fiscal Agüero, con un perito forense pagado por Mabel y después de una exhaustiva pericia telefónica coordinada entre el abogado con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, en abril de este año, el abogado presentó más pruebas en el caso que derivaron en las acusaciones de los policías. “Los funcionarios deben probar que no son responsables, deben probarlo. Se tardaron un año y un mes en declarar. Pudieron haberlo hecho y no lo hicieron. Estaban esperando saber qué es lo que iban a declarar para no pisarse”, indica Fernández Camillo.
En la investigación, dice, han identificado que los policías presuntamente alteraron los registros policiales durante las horas que Sofía estuvo en su celda, para no implicarse en su muerte y también identificaron indicios de abuso sexual contra Sofía. Con estas pruebas y sin consultarle a Mabel como parte afectada en el proceso, nueve policías enfrentan el proceso judicial en libertad y siguen ejerciendo funciones de seguridad pública.
Investigación deficiente
“Con estas características, con estos rasgos de violencia, sinceramente, es un caso único en nuestro registro de muertes en custodia policial y no hemos encontrado tampoco una mecánica similar”, señala Federico Schemeigel, abogado de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de la Provincia de Buenos Aires.
La CPM es una entidad derivada del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura de la provincia que da seguimiento a las muertes que ocurren en situaciones de encierro bajo custodia estatal. Por este rol, la CPM se ha sumado como parte particular en el proceso contra los policías.
Desde 2012 a la fecha, la comisión ha registrado 88 muertes bajo custodia estatal en la provincia de Buenos Aires; en 2023 documentó 14. La mayoría corresponde a personas que supuestamente se han suicidado en comisarías y cuyo mecanismo de muerte ha sido el ahorcamiento.
Schemeigel destaca que los policías procesados por estos casos son defendidos por abogados de la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, es decir, es el mismo Estado el que patrocina la defensa de los funcionarios policiales involucrados en muertes en contexto de encierro. El abogado Fernández Camillo dice que en el caso de Sofía, el ministerio incluso ha incorporado a cinco peritos forenses y dos peritos tecnológicos.
Aunque Argentina ha ratificado el Protocolo de Minnesota y el Protocolo de Estambul, que dictan los procedimientos a seguir en el casos de torturas y de las muertes bajo custodia estatal, respectivamente, las muertes registradas por el CPM en comisarías bonaerenses comparten patrones que van desde el deficiente control de la escena de los hechos, la ocultación de posibles evidencias y un deficiente trabajo criminalístico y forense, según Schemeigel. Además de que las líneas de investigación siempre se orientan a un suicidio.
Entre las irregularidades en el caso de Sofía, señala el abogado de la CPM, están que su muerte fue reportada como suicidio, pero su cuerpo fue encontrado boca abajo alrededor de un charco de sangre; y que la autopsia, realizada por la Policía Científica Bonaerense, se hizo aproximadamente 48 horas después de que Sofía falleciera. “Habla de manipulación irregular de la prueba, que es fundamental”, agrega. De esta forma, dice, se pudieron haber borrado evidencias del cuerpo.
Los y las procesados por la muerte de Sofía son: por homicidio, el oficial Rodríguez, Yesica Isabel Nuñez y Edith Viviana Ruíz; y por encubrimiento y falsificación de documentos públicos, Gonzalo Germán Robles, Ezequiel Francisco Ávalos Ybañez, Daniel Eduardo Salerno, Gustavo Grabiel Camacho, Miriam Elizabeth Valor, Gabriela Itati Miño y Camila Belén Pitulak. Soy intentó conversar con el equipo de abogados y abogadas que les defiende, pero uno de ellos, Fernando Viale, dijo que no estaban autorizados a dar una entrevista. Viale únicamente confirmó que estaban siendo patrocinados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
En Pilar, Mabel sigue denunciando la muerte de Sofía, aunque vive situaciones de acoso. Una madrugada, después de abordar un colectivo, fue perseguida en un tramo de quince cuadras por una patrulla policial. De vez en cuando ve merodear una patrulla en su barrio y en dos ocasiones ha visto a dos autos particulares y sin placas estacionados cerca de su casa.
«Nadie se suicida en una comisaría. Dicen que es un suicidio, porque quieren tapar, está claro”, enfatiza.