El Gobierno nacional designó al frente de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a un ex funcionario de la gestión de Mauricio Macri, quien actualmente se desempeña como titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF).
Se trata de Alejo Maxit, quien fue oficializado cómo nuevo titular de la empresa prestadora del servicio de agua potable y desagües cloacales que abastece a más de 14 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de la Provincia de Buenos Aires.
En una breve comunicación oficial, el ente destaca a su nuevo presidente por su desempeño «tanto en la función privada de grandes empresas, cómo también en la función pública del Gobierno de la Ciudad y a nivel nacional».
En su perfil de LinkedIn, el flamante titular de AySA se define como “apasionado por liderar y transformar en el ámbito público y privado, me especializo en impulsar eficiencia e innovación en entornos complejos”, tiene antecedentes en la función pública. Fue secretario general de la ANSeS durante los cuatro años de la presidencia de Mauricio Macri, donde lideró “iniciativas estratégicas y proyectos clave en seguridad social y servicios públicos, incluyendo la implementación de la Ventanilla Única de Atención para todos los organismos del Estado Nacional”.
Maxit supo integrar la gestión porteña de Macri: entre 2008 y 2009, como jefe de Gabinete de Planeamiento Estratégico; y entre 2009 y 2011, como director general de Desarrollo y Cambio Organizacional. Luego estuvo a cargo del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, primero como gerente general (2011-2012) y luego como director ejecutivo (2012-2014).
En febrero, el Gobierno desplazó a Marcelo Papandrea como titular de de AySA, un hombre cercano a Malena Galmarini, quien había sido designado en diciembre. El vicepresidente de la sociedad, Oscar Ferrari, quedó al mando hasta esta reciente designación de Maxit por parte del directorio.
Palacio de Aguas Corrientes. Foto Prensa AySa.En medio de la polémica tras la oficialización del despido de 200 empleados de la empresa estatal de agua, el Gobierno insiste en su idea de privatizarla al advertir que las cesantías son parte de la «puesta en valor».
La empresa forma parte de la lista de privatizaciones que el Ejecutivo quiere llevar adelante en el marco de la sanción de la Ley Bases.
En el caso de privatizaciones, de las 40 empresas que figuraron en la ley ómnibus inicial quedaron 18, están divididas en dos artículos separados. Uno con privatizaciones o concesiones totales (entre ellas están Aerolíneas Argentinas; Enarsa; Radio y Televisión S.A.; Aysa, Correo Oficial; y la Sociedad Operadora Ferroviaria). El otro con privatizaciones parciales, en el que el Estado tiene que seguir manteniendo la mayor parte, entre ellos el Banco Nación. A ese punto se resiste desde el inicio parte del radicalismo.
La flamante designación se produce luego de los incremento de las tarifas de agua potable y cloacas de un 209% a partir de de abril. La suba surge de la autorización del Gobierno, otorgada mediante la Resolución 9/2024 de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial, y conforma un acumulado de 823% interanual.
Así, las tarifas tendrán una actualización mensual a partir de junio sobre la base de la evolución de los salarios y la inflación. Además, habrá una revisión en agosto, en función del desempeño de la actividad económica y los precios.
Aysa busca llegar al equilibrio financiero en octubre y prescindir de los subsidios del Estado nacional para cubrir sus gastos operativos, que este año tendrán un ajuste del 20% en términos reales a partir del achique de distintas áreas (unos $ 440.000 millones).