La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada de modo unipersonal por el juez Gustavo Hornos, confirmó esta tarde al juez federal Julián Ercolini frente a la causa que investiga los presuntos hechos de corrupción alrededor de los contratos del Estado con Nación Seguros SA y la intermediación de brokers. De esta manera, se rechazó el pedido de Alberto Fernández que buscaba correr al magistrado del caso.
En medio de la denuncia radicada por Fabiola Yáñez por violencia de género contra el ex Presidente de la Nación, la justicia federal volvió a rechazar el planteo de recusación del juez Ercolini.
Alberto Fernández, junto a su abogada Mariana Barbitta, presentaron un escrito ante el máximo tribunal penal alegando temor de parcialidad por parte del magistrado. En el escrito se describió que había «mantenido una relación personal con el juez a partir de su desempeño común en el ámbito académico de la Universidad de Buenos Aires».
Por otro lado, reiteró los argumentos ya rechazados por la instancia anterior, en los que Fernández dijo que en el ejercicio de la Presidencia de la Nación, «en razón de hechos vinculados a un viaje entre magistrados y empresarios a la estancia conocida como “Lago Escondido”, había instruido al por entonces Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, para que se presentara a efectos de solicitar una investigación penal contra el juez Ercolini«, entre otros.
Al momento de analizar la situación, el juez de la Casación, Gustavo Hornos sostuvo que el reclamo «no se encontraba fundado en situación o actitud alguna del magistrado para con el recusante que pudiera revelar temor de parcialidad».
En cuanto a la supuesta relación personal alegada por el ex Presidente, a la que describió como de amistad primero y de enemistad después, recordó que «tal circunstancia fue negada por el magistrado, quien dijo no poseer ningún prejuicio de ese tipo, a lo que agregó que la parte no había aportado elementos objetivos suficientes que desvirtúen ese rechazo».
Bajo esta misma línea de análisis, el juez Hornos señaló que «hacer lugar a las pretensiones de Alberto Fernández, importaría llevar al resultado inaceptable de permitir que el mero señalamiento o mención genérica de algún magistrado en el marco de cualquier actividad pública bastaría para evitar su futura intervención en eventuales investigaciones judiciales».
También afirmó que permitir la recusación como pretende el ex presidente, «tergiversaría y minimizaría el verdadero sentido de la norma, que impone la invocación de causales serias de recusación y no simples alegaciones hipotéticas y abstractas, lo que tendría resultados negativos para el correcto servicio de administración de justicia, propio del sistema republicano que expresamente adopta nuestra Constitución Nacional, como el permitir la conformación de tribunales a gusto del pretendiente».
La causa que inició con la revelación de Clarín sobre los contratos que Nación Seguros firmó con ANSES utilizando intermediarios, se convirtió en un gran rompecabezas. Se sumaron 45 contratos de diversos organismos del Estado, la sospechosa intervención de 25 brokers, y una cifra de 3.453.302.777 pesos que al tipo de cambio del momento, representan 17 millones de dólares en concepto de comisiones erogadas de fondos públicos.
Con dos imputaciones por presuntos hechos de corrupción, el ex presidente recusó al magistrado, Fernández dijo que no cuestiona aspectos “en forma personal” sobre Ercolini, a quien “conozco desde hace literalmente décadas, sino que, exclusivamente, este planteo versa sobre las razones que con toda fuerza y evidencia imponen su apartamiento del trámite de estas actuaciones para asegurar el debido proceso legal”.
En este sentido se refirió a la necesidad de “garantizar el fundamental derecho de todo ciudadano a ser juzgado por magistrados cuya imparcialidad no pueda ser razonablemente puesta en duda”.
El juez Ercolini rechazó todos los argumentos y su resolución fue apelada, motivo por el cual el caso llegó a la Cámara Federal porteña.