El gobierno de Río Negro prevé concluir en la primera quincena de mayo el acuerdo con el consorcio Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) por la instalación del oleoducto que conectará Vaca Muerta con el Atlántico. Así lo informó el gobernador Alberto Weretilneck, quien indicó que se trabaja en los últimos aspectos del entendimiento.
“Se avanzó y se está en la parte final. Están los conceptos que la Provincia pretendía incorporar y en eso se ha llegado a un consenso. Faltan los aspectos económicos”, señaló Weretilneck en declaraciones a la prensa en Viedma.
El entendimiento contempla un pago inicial y contribuciones anuales a la Provincia. Según la ley provincial 5.594, aprobada en 2022, los aportes deberán destinarse exclusivamente a obras e infraestructura que mejoren la calidad de vida, la competitividad territorial, la seguridad y la sustentabilidad. Queda expresamente prohibido su uso para gastos corrientes.
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El consorcio está integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell. En un principio, el gobierno provincial planteó recibir el 1% del volumen transportado. La propuesta fue rechazada inicialmente, pero luego se habilitó una negociación que abarcó el conjunto de los ingresos y obligaciones involucradas.
El avance del acuerdo se produce luego de que, a fines de marzo, el gobierno provincial otorgara un permiso provisorio para que las empresas iniciaran los trabajos en Punta Colorada. En esa zona se instalarán los tanques de almacenamiento y las instalaciones portuarias para la exportación del crudo.
En paralelo, se definen otros aspectos como los alcances tributarios, las tasas, los cánones, y los términos de estabilidad fiscal. También se discuten los límites de los beneficios que establece el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), recientemente aprobado a nivel nacional, al que la Provincia adhirió.
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Weretilneck había manifestado públicamente que Río Negro no aceptaría ser “un pasamanos” y que la Provincia debía obtener beneficios concretos por el uso de su territorio, rutas y costa marítima. El mandatario planteó que no había apuro para firmar el convenio y buscó consolidar un acuerdo que contemple aportes de largo plazo.
Además del aporte inicial, se prevé que las petroleras realicen pagos anuales durante un período que aún está en negociación, estimado entre 10 y 13 años. Las condiciones específicas de esos pagos y su actualización forman parte de las conversaciones actuales.
Una vez cerrado el acuerdo, el Ejecutivo enviará el proyecto de ley correspondiente a la Legislatura provincial para su análisis y tratamiento.