El Polo Obrero se valió de una serie de «empresas “pantalla» para concretar el desvío de fondos públicos que estaban destinados a pagar planes sociales. Así lo determinó el juez federal Sebastián Casanello, quien continúa investigando a los hacedores de esas compañías que no tenían un giro comercial real y fueron un eslabón clave “para el financiamiento de actividades políticas de la organización”. Para la justicia, las personas que figuraban en las compañías ficticias «serían meros prestanombres» y las firmas fueron constituidas por terceros para «generar facturación apócrifa a favor de quien lo solicitara”. Es justamente, con esas personas con la que buscan dar.
Después de explicar detalladamente cómo el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor obtuvieron 361 millones de pesos que debían volcarse a diversos emprendimientos vinculados al plan social Potenciar Trabajo, la investigación también expuso que la maniobra incluyó la simulación de gastos que así fueron rendidos ante la Secretaría de Economía Social que lideraba Emilio Pérsico (imputado recientemente en esta causa por el fiscal Gerardo Pollicita).
La utilización de facturas apócrifas requirió de una instancia previa: crear empresas “pantalla” -como las denominó el juez Casanello- cuyos responsables se encuentran bajo la lupa en el marco del expediente penal. Una serie de datos que arrojaron las rendiciones que firmó Belliboni y en la que constaban facturas apócrifas, gastos simulados, condujeron al juzgado a dejar abierta una línea de investigación.
El desvío indirecto del dinero que el Polo Obrero manejaba y que provenía del Estado se materializó gracias a la intervención de Carlos Osvaldo Monfrini y de las firmas Coxtex SA, Urban Graphics SA y Ricoprint SRL. Todas estas firmas “simularon la entrega de productos a través de la emisión de facturación apócrifa, permitiendo a los administradores destinar ese dinero a una finalidad – privada- distinta a la contractualmente prevista -pública-”, sostiene la resolución judicial.
El dato es que la firma Coxtex fue calificada por la AFIP como una usina de facturas truchas, sin capacidad económica, cuyo único propósito de funcionamiento sería, justamente, la emisión de comprobantes falsos para justificar operaciones inexistentes.
Esa empresa, la más sospechosa de todas, nunca presentó declaraciones juradas de ganancias, como tampoco acreditaciones bancarias, de pagos y de bienes registrables (tanto inmuebles como automotores). También se detectó que declaraba la existencia de un único empleado en relación de dependencia (el propio socio), pero con saldos a pagar en cero.
Sumado a todas las irregularidades que desnudó la investigación, Mariana Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, sus socios, “habrían sido utilizados por terceras personas, tanto para la conformación y constitución de la sociedad como para la realización de gestiones y trámites posteriores (abrir cuentas bancarias, retirar chequeras, firmar documentos, entre otras), a cambio de recibir como contraprestación determinadas sumas de dinero en forma periódica”.
¿Quién está detrás de las firmas truchas?
Como un trabajo en red, esas personas habrían sido usadas para constituir, en el mismo año que Coxtex (2020), otras tres sociedades con objetos diametralmente distintos. Pero en el acto de constitución, en los cambios societarios, como en la inscripción de aquellas firmas y de Coxtex, intervinieron los mismos cuatro profesionales: Juan Bautista Derrasaga, Gabriela Anahí Rivero, Lucía Agundez y Virgilio Mario Vivarelli.
La justicia pone la lupa sobre todos ellos, pero porque se maneja la hipótesis de que todos intervinieron a pedido de alguien y sólo procedieron como prestanombres. ¿Quién dirigió toda la operatoria? Es lo que ahora, busca develar el juzgado.
El dato revelador fue que muchas de las facturas presentadas por la cooperativa vinculada al Polo Obrero tenían colocadas en su descripción un número de expediente administrativo distinto al de la rendición de gastos a la que se vinculaban.
¿Qué significa eso? La utilización de sellos con los números de los expedientes administrativos en las facturas “fue una de las principales herramientas a las que acudieron las autoridades de ambas entidades para disfrazar el verdadero uso del dinero”, porque les permitía decidir en cualquier momento si presentarlas en uno u otro convenio, dependiendo de la cantidad de desembolsos que tuvieran que justificar en cada caso, según las fechas de vencimiento, a fin de evitar advertencias por parte de la autoridad administrativa.
Parte de las facturas presentadas tenían inserto el dato del convenio (número de expediente administrativo) al que iban a ser asignadas. “Eso da cuenta de que, la persona que las entregó (de momento, no identificada), sabía para qué iban a ser usadas”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Por ese motivo es que el juzgado profundizará esa línea: para dar con las demás personas detrás de la creación de las empresas fantasma y que desde un comienzo, supieron para qué se iban a utilizar.
Según estableció Clarín, tras una serie de allanamientos el juez Casanello y su equipo cuentan con teléfonos y computadoras secuestrados de las personas que la crearon o manejaron la firma Coxtex, que están siendo periciados.
También la cuenta bancaria de Coxtex fue determinante: muestra la nula actividad comercial que tenía la empresa, pese a haberse constituido hace más de cuatro años y de haber facturado montos millonarios, “carece de transferencias, depósitos de dinero, depósitos o libramientos de cheques”. La ausencia de actividad comercial real, la falta de capacidad económica, la inexistencia de sede fiscal ni social y la situación de los socios formales, “quienes serían meros prestanombres, conducen a sostener que la sociedad habría sido constituida al sólo efecto de generar facturación apócrifa a favor de quien lo solicitara”.
Es justamente, ese dato el que ahora busca develar la justicia federal: a quién respondían esas personas, quién solicitaba la creación de las empresas fantasma y a su vez, tenía un mecanismo aceitado utilizando -entre otras cosas- los números de expedientes y convenios para ir librando facturas truchas a medida que el Polo Obrero debía justificar fondos otorgados por el Estado.
El seguimiento de los cheques mostró que todas las empresas fantasma tenían un punto de conexión. Coxtex no cobró los cheques que se emitieron como pago de los presuntos servicios prestados, sino que todos terminaron en manos de distintas firmas -muchas de ellas aún investigadas-, entre las que se encuentra la imprenta Rumbos y la firma Makosen SRL, la cual le prestaba al Polo y Partido Obrero servicios de publicidad digital.
Así, concluyó el juzgado, “queda en evidencia que los productos supuestamente adquiridos, en verdad, nunca existieron, pues Coxtex no sólo era una empresa de papel (un sello de goma) sin nada para vender, sino que los cheques informados como supuesto medio de pago, de una u otra forma, volvieron a la organización. Esta metodología de simulación de gastos y posterior desvío de fondos -terminando en Rumbos- se replicó tanto en el caso de las empresas Urban Graphics SA y Ricoprint SRL como de Carlos Osvaldo Monfrini”.
La imprenta Rumbos “no sólo carecía de actividad comercial real (la prestación de servicios y venta de productos declaradas ante AFIP no era más que una pantalla), sino que se trataba del canal utilizado por los imputados para materializar gastos corrientes y de funcionamiento interno de su organización”, se determinó.
Hay una segunda etapa en el desvío de fondos y tiene que ver con su aplicación a cuestiones internas del Polo Obrero. El juez dijo que lo que se “dibujaba” en las facturas truchas como gastos realizados les permitía hacerse de fondos que después, iban al “pago de los sueldos a sus integrantes, o bien para recolectar las cápitas (aportes) correspondientes al Polo Obrero”.