La Corte Suprema le propinará al gobierno de Javier Milei un duro revés en las próximas semanas, cuando firme un fallo favorable a la ciudad de Buenos Aires a través del que obligará al Poder Ejecutivo a pagarle una deuda de más de $ 800.000 millones que heredó del kirchnerismo y fijará cuál es el coeficiente porcentual que corresponde girar desde Nación al gobierno porteño. De acuerdo a fuentes judiciales, la decisión se tomará en el corto plazo: si bien no hay una fecha fijada, se firmaría entre julio y agosto a lo sumo. Pero está decidido y será contrario a los intereses de la Casa Rosada.
La discusión que comenzó en plena pandemia, en septiembre de 2020 y con una inesperada conferencia de prensa en Olivos, parece estar llegando a su fin. Pasó de todo desde aquella decisión de Alberto Fernández de recortarle más de un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para entregársela a la Provincia: un doble reclamo porteño en la Corte Suprema, una reducción todavía mayor de la tasa coparticipable, e incluso un fallo del máximo tribunal sobre la cautelar que había interpuesto la Ciudad, favorable al entonces gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Aquella resolución cortesana se firmó el 21 de diciembre de 2022, cuando los jueces supremos fijaron en 2,95% la tasa coparticipable que se le debía girar a la Ciudad desde Nación, que actualmente es del 1,4%. Sin embargo, esa decisión nunca se cumplió, ni de parte del gobierno de Alberto Fernández ni ahora en la actual gestión de Javier Milei. Sólo en los 18 meses que pasaron desde la cautelar que dictó la Corte, la deuda de parte del Ejecutivo nacional hacia la Ciudad creció exponencialmente hasta $ 800.000 millones.
Un fallo al que falta fijarle una fecha
«Más temprano que tarde», fue la frase que eligió una fuente judicial consultada por Clarín sobre la decisión que tomará la Corte Suprema en materia de coparticipación federal. Según pudo reconstruir este medio, el fallo está próximo a firmarse y representará el primer revés contundente del máximo tribunal contra el gobierno de Javier Milei. Puede salir durante julio, antes o después de la feria judicial de invierno, o en agosto, en pleno tercer trimestre del año.
«Va a haber decisiones en los próximos tres meses. Algunas gustarán y otras no gustarán», es parte de los comentarios que circulan por los pasillos del cuarto piso de los tribunales de Talcahuano. En esa línea, pueden surgir fallos en torno a los reclamos de diferentes puntos del DNU que firmó el Gobierno a principios de año que radicaron las provincias. Lo de la Ciudad, no obstante, corre por vía distinta, lo que motiva a seguir más de cerca esa declaración de que «más temprano que tarde» habrá una resolución.
En el mundo jurídico, por afuera de la Corte, hace ruido que el Ejecutivo lleve 18 meses incumpliendo la decisión que tomó el máximo tribunal sobre la coparticipación que le corresponde a la Ciudad. Lo comparan con el caso del ex procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, que recurrió a la máxima instancia la decisión del ejecutivo provincial de quitarlo del cargo y obtuvo un fallo favorable en 2009, cuando se ordenó que lo repusieran. El kirchnerismo santacruceño nunca cumplió con esa resolución de la Corte.
Los jueces de la Corte, en la apertura de sesiones legislativas de Javier Milei. Foto: Federico López Claro.«Es lo mismo que el caso Sosa, hay un emparentamiento jurídico que te lleva a preguntar ‘¿estás cumpliendo el fallo?’ La respuesta es no, este Gobierno no cumplió el fallo, como tampoco lo cumplió Cristina», es otra de las reflexiones que surgen en el ámbito jurídico sobre la decisión del kirchnerismo de no adecuarse, misma postura que ha seguido Milei.
Si bien no lo expresan públicamente para conservar los buenos términos de la relación institucional, tampoco dentro de la Corte cae bien que no se respete una cautelar firmada. Podían entenderlo de parte del kirchnerismo, con el que el máximo tribunal mantuvo una relación de extrema tensión durante la última década. Pero los propios jueces figuran dentro del grupo que creían que, como había dicho en campaña, Milei iba a cumplir con el pago de la deuda a los porteños que heredó del kirchnerismo. La relación entre el Gobierno y la Corte es de cordialidad, que tal vez se vea alterada con un fallo adverso.
La Ciudad reclama los fondos a Milei: «Es tiempo de que cumpla»
Respecto a la Ciudad, en las últimas semanas hubo una serie de presentaciones en la Corte en pos de acelerar los tiempos de la resolución. El propio Jorge Macri viene planteando en entrevistas radiales y televisivas que «es tiempo de que el Gobierno cumpla» la deuda. Tras dos encuentros públicos con el ministro de Economía Luis Caputo y parte del gabinete mileísta, el jefe de Gobierno porteño parece haber agotado su paciencia también. La relación con el propio Milei cambió: ya no hay intercambios vía Whatsapp y el diálogo es estrictamente institucional, aunque casi nulo en la actualidad.
Dentro de la Justicia, más allá de que validan el reclamo porteño, causa ruido que en un contexto en el que desde Uspallata se viene planteando la escasez de recursos se hayan decidido aumentos por encima de la inflación para los sueldos de empleados de la Ciudad en cargos jerárquicos como los de autoridades del Ejecutivo o de los judiciales porteños. «Eso no ayuda», expresan. Fuentes porteñas consultadas por este diario niegan que los aumentos hayan sido en esa línea.
Luis Caputo y Jorge Macri, juntos en la reunión de abril. No hubo avances en las negociaciones.En relación al monto de la deuda que la Ciudad reclama desde que se firmó el fallo el 21 de diciembre de 2022, el cálculo al 30 de junio de 2024 supera los $ 800.000 millones. Sin embargo, el principal interés en Uspallata pasa porque se cumpla el fallo en sí y en lugar del 1,4% de coparticipación que paga Nación todos los meses se empiece a pagar el 2,95% que definió la Corte en su cautelar. «Es el flujo, es lo que te da el día a día para poder llevar adelante la gestión de manera eficiente», explican en la Ciudad.
Cuando Alberto Fernández anuncia la quita de coparticipación a la Ciudad, el cánon pasó de 3,5% a 2,32%, es decir, se hizo una poda de 1,18 puntos. Pero luego el kirchnerismo avanzó en el Congreso y llevó esa cifra a un 1,4% que es la que rige en la actualidad. Según el máximo tribunal, el número que corresponde pagarle a la Ciudad de parte del Ejecutivo es el 2,95% de la masa coparticipable.