Todo comenzó con aquella presentación ruidosa, festiva, en la que la presidenta Cristina Kirchner anunció la estatización de las transmisiones de los partidos de fútbol de primera división, cuyos derechos hasta entonces estaban en manos de la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC), a la que acusó de «secuestrar los goles» como la dictadura secuestraba personas. Corría agosto de 2009, y junto con su gabinete, el titular de la AFA Julio Grondona y el entrenador de la selección argentina, Diego Maradona, Cristina lanzaba el programa Fútbol para Todos.
La operación, que se enmarcaba en la «guerra» del kirchnerismo contra los medios de comunicación independientes en general y contra el Grupo Clarín -socio de TSC- en particular, implicaba la ruptura del contrato que la AFA tenía con la empresa a cambio de un pago inicial de 600 millones de pesos por parte del Estado, a través de la Secretaría de Comunicación Pública que conducía Gabriel Mariotto, dependiente de la Jefatura de Gabinete, que en ese momento ejercía Aníbal Fernández y luego ocupó Jorge Capitanich.
Gabriel Mariotto y Aníbal Fernández, en el banquillo de los acusados este lunes. Foto: Luciano Thieberger.Pero las transferencias de fondos públicos, que según el declamado objetivo irían a paliar la delicada situación financiera de muchos clubes, fueron cuestionadas por sospechas de corrupción.
En 2014, la legisladora Graciela Ocaña denunció en la justicia una administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, y también el destino de los cheques que cobraban los clubes por parte de la AFA, por indicios -luego confirmados- de una segunda generación de maniobras, con el cambio de esos chequees en cuevas financieras en las que se hacían descuentos y nuevos desvíos.
La jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano instruyeron el caso, concluyendo que «ha quedado demostrado en esta causa que buena porción de los fondos entregados por la JGM a la AFA fueron desviados a través de diferentes maniobras», y que “el fortalecimiento económico de los clubes determinado como propósito esencial del programa no sólo no se verificó, sino que sus respectivos pasivos se incrementaron sustancialmente” y no cancelaron las deudas con la AFIP.
En esas conclusiones, la jueza calculó el perjuicio para el Estado en casi diez mil millones de pesos.
El juicio oral
Servini elevó a juicio oral a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, al el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto –ex coordinador del programa FPT- y el ex titular de la AFA Luis Segura, por defraudación a la administración pública en el manejo de fondos para el programa Fútbol para Todos. Todos ellos se sentaron en el banquillo de acusados este lunes a pasadas las 10 de la mañana.
Más acusados por corrupción en el programa Fútbol Para Todos. Foto: Luciano Thieberger.Junto a ellos también estaban Miguel Ángel Silva, Secretario General del FPT; Rubén Raposo, exdirigente de Lanús; los exdirigentes de la AFA Norberto Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagano; el sindicalista Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados; y Natale Antonio Rigano, exCEO de la firma Iveco, patrocinadora del Futbol para Todos.
Vinculados a las maniobras financieras y los trapicheos con los cheques que entregaba el gobierno, también están acusados los directivos de la cooperativa AMIGAL Jorge Galitis (ex directivo de Huracán) y Eduardo Amirante, y Climafin, Carlos Dávola (ex presidente de Tiro Federal de Rosario).
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, integrado por José Michilini, Ricardo Basílico -presidente- y Adrián Grünberg. Foto: Luciano Thieberger.Este lunes, excepto Capitanich y Segura -que participaron de la audiencia por Zoom- los acusados y sus abogados se acomodaron en la sala AMIA de Comodoro Py, ante el Tribunal Oral Federal 1 presidido por Ricardo Basílico e integrado por José Michilini y Adrián Grünberg, donde escucharon el dictamen de elevación a juicio del caso, y las acusaciones en su contra.