“Pareciera ser que como no hay oposición, nosotros (la Iglesia) somos la oposición”, afirmó días atrás el obispo de San Justo, Eduardo García, nombrado por el Papa Francisco en el 2014. La reflexión sintetiza un escenario en el que el antimileísmo está atomizado, previo a una reconfiguración de los espacios políticos, y en un clima de confusión ante el fenómeno libertario.
La parálisis de los partidos políticos, enredados en interminables internas, expone a algunos actores sociales que toman la posta de los reclamos frente al Gobierno: la Iglesia, la CGT y los dirigentes piqueteros.
Los piqueteros han construido su poder en función del manejo de los planes sociales. Tanto de los millonarios fondos como de los beneficiarios, a quienes obligaron a alimentar sus multitudinarias marchas bajo amenaza de quitarles el plan. Su accionar es parte del hartazgo social, el Gobierno les ha quitado el poder y están siendo investigados por el supuesto desvío de cientos de millones de pesos de la ayuda social. Algunos no pueden justificar el destino del dinero.
La CGT motorizó desde temprano dos paros generales evidenciando su intencionalidad política. En la central obrera conviven con la contradicción de negociar con el Gobierno para que la reforma laboral sea lo más lavada posible, que no se elimine la cuota sindical, ni se penalicen los bloques o se toquen los fondos de las obras sociales, con la beligerancia de Pablo Moyano. El camionero fue acusado de traidor porque en la protesta contra la Ley Bases se fue antes de que comiencen los incidentes porque -dicen- sabía que comenzarían a las tres de la tarde; y por dejar a los gremios que se manifestaban desprotegidos y entremezclados con los violentos.
La Iglesia ha recurrido a una serie de misas militantes con el reclamo duro sobre la pobreza -que existe- y la falta de alimentos -que también existe-, pero con un espíritu militante y kirchnerista. Los planteos partieron hace más de un mes del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva; del titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea; y de otros obispos que presidieron misas politizadas. Está claro que si el Papa Francisco hubiera estado en desacuerdo con estas prácticas las habría prohibido. Evidentemente Bergoglio las avala, y en esa línea va su foto con los gremios de Aerolíneas Argentinas, la reunión con Axel Kicillof y su acción de eludir reunirse con Milei en la cumbre del G7.
En la protesta. Pablo Moyano estuvo un rato y se retiro antes de los incidentes. Foto: Luciano Thieberger.El problema que aducen tanto la CGT como la Iglesia es el descrédito ante la sociedad, basado en buena medida en su ruidoso silencio durante los cuatro años de uno de los peores gobiernos de los últimos 40 años, el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que posibilitaron un salto de la inflación, la pobreza, la precariedad laboral y la inseguridad. El sindicalismo no puede explicar que en un gobierno peronista el trabajo en negro haya alcanzado a casi la mitad de los trabajadores. Y las autoridades eclesiásticas, que sólo alzaron la voz cuando el gobierno K habilitó la discusión y aprobación de la despenalización del aborto o contra el narcotráfico.
«Si la oposición son los paros y las misas politizadas, el año que viene lo ganamos caminando», ironiza un funcionario oficialista.
El consultor político Carlos Fara recuerda que siempre que el peronismo no estuvo en el poder, tuvo “reemplazos circunstanciales de liderazgo” con la CGT hasta que se definieron los nuevos liderazgos y se reconstituyó el partido.
“Por ahora va a ser muy difícil que haya un referente político o espacio opositor no K de cara al 2025, porque Juntos por el Cambio estalló, y quien tenía las principales figuras más relevantes era el PRO y atraviesa un fuerte conflicto interno”, asegura Fara, quien duda “que vayamos a ver algo que empiece a consolidarse antes de los resultados de la elección legislativa del año próximo”.
El tratamiento de la Ley Bases en Diputados y el Senado, dejó al desnudo divisiones, intereses particulares e incoherencias políticas que atraviesan a la oposición. El kirchnerismo buscó abroquelarse para voltear cualquier texto que emane de la Casa Rosada pero experimentó las primeras filtraciones de parte de gobernadores como el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, además del filo peronista salteño Gustavo Sáenz. Junto a los senadores Carlos “Camau” Espínola o Edgardo Kueider.
Más grave fue el caso de la UCR. Por citar dos ejemplos, en Diputados quien comandó la aprobación de la ley fue el jefe del bloque, Rodrigo de Loredo, a quien Milei agradeció su colaboración. Pero en el Senado fue Martín Lousteau, actual presidente del radicalismo, el que rechazó la ley. El PRO, que sufre la sangría de su electorado hacia el oficialismo decidió abrazarse al discurso libertario -argumentan mucho mejor Cristian Ritondo, Diego Santilli o María Eugenia Vidal que los oficialistas- y defendió cada una de las reformas propuestas. De allí los chisporroteos y chicanas entre radicales, lilitos y macristas que hasta hace unos meses eran socios.
Los únicos que siguen utilizando el nombre de Juntos por el Cambio son los 10 gobernadores de la UCR y del PRO porque necesitan mostrarse como un solo bloque ante Milei. Han comenzado a enviarle señales al Gobierno para las elecciones legislativas del año próximo. En varias provincias, donde los mandatarios mantienen una imagen alta como es el caso de Entre Ríos y Chubut, se ha empezado a sondear la idea de abrir las PASO a los candidatos libertarios. Esa alianza les permitiría a los gobernadores aliarse con Milei en vez de competir, y a La Libertad Avanza asegurarse bancas provinciales y nacionales en distritos en los que corren de atrás.
En otras jurisdicciones la situación es más compleja. En Ciudad no queda claro si Javier y Karina Milei decidirán confrontar con el macrismo, aunque hay quienes lo impulsan. De ser así, la única carta que le quedaría al PRO para defender su terruño sería la de Mauricio Macri encabezando la lista al Senado o Diputados. No es algo que esté en los planes del expresidente y todo está supeditado a cómo le vaya al Gobierno de aquí a fin de año. Pero si le va bien, en la Casa Rosada crece la percepción de que podrían quedarse con el voto porteño en 2025.