La Corte Suprema revocó una serie de medidas cautelares que había presentado Tabacalera Sarandí, la empresa de Pablo Otero, el Señor del Tabaco, y a partir de esta decisión deberá empezar a pagar los impuestos que venía evitando abonar desde hace años. Los jueces sostuvieron que los tributos que se negaba a pagar deben ser abonados.
La medida adoptada por el máximo tribunal, representa un duro golpe para el empresario del Tabaco que ahora deberá empezar a pagar. Además, hay una deuda millonaria en juego con la AFIP que puede empezar a ejecutarse.
Pablo Otero había obtenido, a lo largo de estos años, una serie de medidas cautelares que lo eximieron de pagar ante el fiscal el impuesto mínimo interno. Esta situación le permitió crecer exponencialmente en el mercado del tabaco, pasó de tener el 5,6% del total del negocio en 2016, al 38,4% en 2023.
El caso llegó a la Corte Suprema en su momento tras una apelación de la AFIP a un fallo del juez del fuero Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico quien le había dado la razón a Tabacalera Sarandí en reiteradas ocasiones. Otero y su compañía sostenían que el tributo era inconstitucional y que de pagarlo no podrían competir en el mercado.
Hubo varios tribunales que le dieron la razón a Otero y la AFIP decidió ir hasta la Corte para que defina si era constitucional o no. El Señor del Tabaco, al que también apodan Rey o Zar por su poder de lobby, tuvo en estos años un fuerte poder de lobby político y judicial con el que logró fallos favorables.
La Corte en un voto firmado por los jueces Horacio Rossatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, revocó las medidas cautelares y le puso un límite al avance de Sarandí que se fortaleció con el no pago de impuestos.
A la hora de fundamentar el criterio adoptado el máximo tribunal se remitió a un recurso resuelto, en base a la misma discusión, pero con fecha del 13 de mayo de 2021. En aquella ocasión habían señalado que no se encontraba acreditado el peligro en la demora para dictar la cautelar, requisito fundamental para ordenarla.
En este caso el juez de la Corte Carlos Rosenkrantz no interviene ya que se encuentra excusado por haber sido abogado de Massalin, una de las tabacaleras más importantes del mercado.
Aún resta que la Corte se pronuncie sobre el fondo de esa discusión: Pablo Otero sostiene que el impuesto interno mínimo es inconstitucional, mientras que la AFIP acudió al máximo tribunal rechazando ese criterio. Se trata de un gravamen vigente desde 2009 pero al igual que Sarandí, un grupo de tabacaleras no lo pagan por haber conseguido medidas cautelares.