Milei sigue prometiendo que la inflación sólo puede bajar, pero los últimos datos del Indec muestran una realidad muy distinta que afecta sobre todo a las familias de menores ingresos. En febrero, la canasta básica alimentaria (CBA) aumentó 3,2%, acumulando 9,3% en apenas dos meses de 2026. El dato confirma que los precios de los alimentos vuelven a correr muy por encima de la inflación general, que en el primer bimestre fue del 5,9%.
La canasta básica total (CBT), que además de alimentos incluye otros bienes y servicios esenciales, también registró un incremento significativo, del 2,7% en febrero y 6,8% en lo que va del año. Con estos valores, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.397.672 para no ser considerada pobre y $644.088 para no caer en la indigencia.
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La dinámica de los precios confirma una tendencia que golpea con especial dureza a los sectores populares, los alimentos siguen siendo el componente que más presiona el costo de vida.
La canasta básica alimentaria mide el costo de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos mínimos de calorías y proteínas. Es el indicador utilizado para definir la línea de indigencia. Sin embargo, distintos especialistas han señalado que sus parámetros se ubican por debajo de lo que sería una dieta mínimamente saludable, por lo que incluso quienes logran cubrir ese umbral enfrentan condiciones alimentarias precarias.
A su vez, la canasta básica total amplía ese cálculo incluyendo otros gastos indispensables como transporte, vestimenta, salud o educación. Pero tampoco contempla rubros centrales para millones de familias, como el alquiler o gastos asociados al acceso al ocio y la recreación.
Salarios congelados y ajuste
La situación es especialmente grave en un contexto en el que los ingresos de los trabajadores continúan perdiendo poder de compra. Las paritarias siguen fuertemente condicionadas por el Gobierno, mientras las patronales presionan para seguir empeorando las condiciones laborales en función de sus ganancias.En estas condiciones, cada mes que pasa resulta más difícil llegar a fin de mes para amplios sectores de trabajadores, jubilados y sectores populares.
Frente a esta situación, se vuelve cada vez más evidente que el supuesto ordenamiento macroeconómico del Gobierno se sostiene sobre una base de que el ajuste lo paguen los trabajadores y los sectores populares. Enfrentar este rumbo implica fortalecer la organización desde abajo, pelear por medidas que permitan recomponer los ingresos e imponer políticas en función de los intereses de las grandes mayorías.