Según datos oficiales, en 2023 apenas unas 100 investigaciones involucraron a jóvenes de 16 y 17 años, sobre un total de más de 2.900 causas. “No son muchas situaciones, pero sí son complejas de abordar”, sostuvo Germán Kexel, secretario de Coordinación y Política Institucional de la Defensa Pública de Chubut, quien reclamó políticas integrales, equipos profesionales estables y mayor inversión estatal.
En un contexto marcado por el impulso legislativo para bajar la edad de inimputabilidad a nivel nacional, la discusión volvió a instalarse en la agenda pública con un fuerte componente simbólico y político. Sin embargo, los números oficiales de la provincia de Chubut muestran un escenario muy distinto al que suele instalarse en el debate público.
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Así lo explicó Germán Kexel, secretario de Coordinación y Política Institucional de la Defensa Pública provincial, al analizar las estadísticas disponibles sobre adolescentes en conflicto con la ley penal y su verdadera incidencia dentro del sistema judicial.
“Para poder dimensionar el fenómeno, tomamos como referencia las estadísticas publicadas por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. La unidad de medida es la apertura de investigación, que es una decisión judicial que inicia formalmente un proceso penal, con notificación a la persona imputada y al Ministerio Público Fiscal”, explicó.
En 2023 apenas unas 100 investigaciones involucraron a jóvenes de 16 y 17 años, sobre un total de más de 2.900 causas.
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De acuerdo con el último Anuario de Justicia, correspondiente a datos del año 2023, en la provincia se iniciaron algo más de 2.900 investigaciones penales. De ese total, aproximadamente 100 correspondieron a adolescentes de 16 y 17 años.
“Si sacamos el porcentaje, estamos hablando de alrededor del 3,5 o 3,7% del total de las causas penales iniciadas en la provincia. Es un número que se repite, con pequeñas variaciones, en los años anteriores y también es muy similar a lo que muestran las estadísticas nacionales”, detalló Kexel.
Según indicó, históricamente la participación de adolescentes punibles dentro del sistema penal oscila entre el 1,5% y, en los picos más altos, no supera el 4 o 5% del total de las causas. “Es un porcentaje muy bajo dentro del universo de causas que tramita la justicia penal”, subrayó.
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En relación con los grupos de menor edad, el funcionario aclaró que no existen estadísticas de aperturas de investigación para menores de 16 años, ya que actualmente no son punibles. No obstante, señaló que la participación de niños y niñas más jóvenes en hechos delictivos es aún menor.
“Siempre, hacia abajo en la franja etaria, hay menos cantidad de hechos. Lo que sí sabemos es que los adolescentes de menor edad tienen una participación todavía más baja que los de 16 y 17”, explicó.
Qué delitos cometen los adolescentes
Otro dato central que surge del relevamiento es el tipo de delitos que concentran la casi totalidad de las causas protagonizadas por adolescentes.
“Más del 90% de las aperturas de investigación que involucraron a adolescentes en 2023 corresponden a delitos contra la propiedad”, precisó Kexel.
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El contraste con el universo general de causas penales resulta significativo. En el total de denuncias recibidas por la policía o la fiscalía en la provincia, los delitos contra la propiedad representan, en promedio, alrededor del 50% de los casos, con variaciones según la ciudad.
Los delitos contra la propiedad representan, en promedio, alrededor del 50% de los casos.
“En cambio, cuando miramos solamente los casos de adolescentes, ese porcentaje supera el 90%. Es un dato muy fuerte que marca una característica muy clara del tipo de conflicto penal que protagonizan los jóvenes”, afirmó.
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En el otro extremo, los delitos que suelen ser considerados como los más graves —homicidios, tentativas de homicidio o delitos sexuales— representan una proporción mínima dentro del universo de causas penales con adolescentes punibles.
“Cuando hablamos de delitos graves contra la vida o contra la integridad sexual, la cifra es muy baja dentro de los delitos cometidos por adolescentes”, remarcó.
Delitos escarcelables y bajo impacto en el sistema penitenciario
Kexel también señaló que la mayoría de los delitos contra la propiedad cometidos por adolescentes son, en términos legales, delitos de baja escala penal.
“En su gran mayoría se trata de delitos excarcelables, con penas bajas. Incluso cuando hay hechos cometidos con algún grado de violencia o con armas, hay que analizar cada caso en particular. Pero, en general, no se trata de situaciones que deriven en penas de cumplimiento efectivo”, explicó.
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En ese sentido, advirtió que la baja de la edad de inimputabilidad no implicaría, automáticamente, un aumento significativo de adolescentes privados de la libertad.
“No es que por bajar la edad de imputabilidad vaya a haber muchos más adolescentes en la cárcel. La enorme mayoría de los casos no tienen como consecuencia una pena de prisión efectiva”, sostuvo.
«No son muchas situaciones, pero son complejas”
Más allá de los números, el secretario de la Defensa Pública hizo hincapié en el trasfondo social que atraviesa la mayoría de los casos.
“No son muchas situaciones, como muestran las estadísticas, pero son situaciones muy complejas para abordar”, expresó.
Según explicó, en la mayor parte de los casos un adolescente que llega a ser señalado como autor de un delito ya atravesó múltiples intervenciones previas del Estado que no lograron revertir su situación.
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“Muy probablemente es un adolescente que ya tuvo intervenciones anteriores que no funcionaron. Hubo un servicio de protección que tocó la puerta de su casa, hubo una escuela que advirtió situaciones, un servicio de salud que notificó algún problema. Es decir, los instrumentos del Estado fallaron antes”, sostuvo.
Para Kexel, la llegada del adolescente al sistema penal refleja un proceso previo de vulneraciones y respuestas estatales insuficientes. “Muchas veces hay familias que no pudieron, no supieron o no quisieron cuidar. Y el Estado tiene herramientas para intervenir antes, para apuntalar a esas familias”, señaló.
La falta de equipos y recursos
Desde su experiencia, el principal déficit no se encuentra en la falta de normas, sino en la ausencia de políticas públicas sostenidas y equipos profesionales especializados.
“Para intervenir bien en estos casos no alcanza con compromiso o buena voluntad. Se necesita recurso humano altamente capacitado: psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, psicólogos sociales y operadores territoriales con experiencia”, afirmó.
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“Si no sé cómo presentarme, si no sé cómo hablar con una madre o con un adolescente, si no sé escuchar primero, canalizar sus frustraciones, deseos y fracasos, puedo no solo no ayudar, sino incluso hacer daño”, advirtió.
El debate por la baja de la edad
Consultado sobre la iniciativa de reducir la edad de imputabilidad, Kexel sostuvo que, de haber sido convocado al debate legislativo, su aporte hubiera ido en otra dirección.
“Yo hubiera planteado que el problema no es cuántos adolescentes cometen delitos, porque son pocos. El verdadero problema es cómo intervenimos en esas situaciones, que son altamente complejas”, expresó.
También recordó que los proyectos que se discuten a nivel nacional no proponen, en su letra, equiparar las penas de adolescentes con las de adultos, sino que plantean como objetivo central la resocialización y la revinculación comunitaria.
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“El propio proyecto habla de responsabilizar al adolescente y de revincularlo con su comunidad. Ese es el espíritu que está escrito en el texto”, explicó.
Sin embargo, advirtió que en las provincias el impacto real de una reforma de este tipo dependerá casi exclusivamente de los recursos que se asignen.
“Para las provincias, lo único concreto que aparece es la posibilidad de firmar convenios para cumplir estándares. La asignación presupuestaria fuerte está en Nación, no en los sistemas provinciales”, indicó.
El escenario local
En ese marco, Kexel describió las limitaciones actuales del sistema en Chubut, especialmente en los dispositivos de alojamiento y tratamiento de adolescentes.
“Hoy tenemos la cárcel adolescente de Trelew y el COSEt. En general, hay alrededor de tres adolescentes alojados, que es el número habitual”, explicó.
Aun así, señaló que incluso con cifras tan bajas existen dificultades para sostener equipos estables.
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“Tenemos muy pocos profesionales y además son muy migrantes. Es difícil retener personal en estas áreas. Las condiciones laborales no son las que demanda el estándar que marca la ley: recurso altamente capacitado y con continuidad”, afirmó.
En ese sentido, fue contundente al plantear el escenario que podría abrirse si se amplía el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal.
“Si todo sigue igual y se suman chicos de 14 y 15 años, no avizoro que podamos cumplir con lo que la ley dice ni ser más eficaces en la intervención del Estado”, concluyó.
Con datos concretos y una mirada técnica, desde la Defensa Pública de Chubut plantean que el debate por la baja de la edad de inimputabilidad debería correrse del plano discursivo y concentrarse en una pregunta central: cómo fortalecer, antes que ampliar, las herramientas del Estado para intervenir de manera temprana y efectiva en la vida de los adolescentes que hoy llegan, tardíamente, al sistema penal.