El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simon, abrió una investigación sobre supuestas irregularidades en el destino de 1.200 millones de pesos que le dio el exgobernador de esa provincia Gerardo Zamora otorgó al club de fútbol Central Córdoba, que maneja Pablo Toviggino, y otros entes deportivos.
Pero además, el fiscal pidió inhibiciones de jueces de esa provincia porque, a su criterio, tienen vínculos con el Tesorero de la AFA y así la disputa llegó a la Cámara Federal de Tucumán.
En estos días, la vocal de la Cámara Federal de Tucumán, Marina Cosío, deberá resolver la competencia del juez federal 2 de Santiago del Estero, Sebastián Argibay.
La causa se abrió por una denuncia que efectuó Sergio Parodi de la ONG “Fútbol sin mafia” contra Toviggino y su grupo familiar en los primeros días de diciembre pasado.
Vínculos sospechosos
De arranque, el fiscal Simón cuestionó al juez federal de Santiago del Estero porque “su hija habría vendido un inmueble a mediados del 2024 a Darío Toviggino, hermano de Pablo y miembro de varias sociedades”.
En fuentes judiciales señalaron a “Ricardo San Juan, de la Cámara Federal de San Martín y quien integró hasta diciembre el tribunal de Ética de la AFA, y a Fernando Poviña, dirigente del club San Martín de Tucumán”, como «algunos de los jueces vinculados a la entidad madre del fútbol».
En su una actuación preliminar, el fiscal Simon viene buscando informes patrimoniales de Toviggino, su hermano, su ex esposa, entre otros. También, de sus socios y empresas como Mauro Javier Paz, DCT S.R.L, BORI S.R.L., HT S.R.L., INDUNOA S.R.L., SOMA S.R.L., , NORTE ARGENTINO S.R.L., ESPERANZAS S.A., BARWA S.R.L., y MALTE S.R.L., la dueña de la mansión de Pilar.
El objeto de investigación es “la presunta recepción de fondos espurios de parte de Pablo Toviggino, que son distribuidos entre su núcleo familiar y empresas y personas vinculadas, a través de las cuales esos caudales son convertidos e introducidos al mercado con apariencia de origen licito”, contaron fuentes judiciales a Clarín.
En otro orden, el fiscal escribió que sabe que el juez en lo penal económico de Buenos Aires, Marcelo Aguinsky, “tramita una causa penal en la que se investiga el delito de lavado de activos; empero, al no tener conocimiento sobre quiénes serían los sujetos en investigación (tanto personas humanas como jurídicas), resulta prematuro, por ahora, plantear una cuestión de competencia ya que no es procedente ni posible debatir sin conocimiento del fondo del caso”.
Zamora niega irregularidades
Consultado por Clarín sobre esta denuncia, el exgobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional sobre esta denuncia, Gerardo Zamora, dijo “todos los subsidios que dio y seguramente seguirá dando el estado provincial al club Central Córdoba y a otros son parte de una política de estado”.
“No solo a Central Córdoba, a Mitre y Güemes (primera nacional, a Sarmiento, a todos los clubes de Santiago que juegan en el argentino federal y a los de la liga Santiagueña”, agregó.
En Básquet, recordó «también se la da subsidios a Olímpico y Quimsa, que juegan en la Liga nacional, a Independiente BBC (que juega en el campeonato de ascenso de básquet nacional) y a todos los equipos de la liga Santiagueña de Básquet. Es un política que casi todas las provincias hacemos. Si no, ¿cómo se mantendría competencia de alto nivel?».
“No hay nada oculto ni delito alguno como esa denuncia judicial (bastante rara) pretende. No tiene pie ni cabeza. Es lo mismo que digan que él Gobierno nacional está cometido un delito al patrocinar con millones a Colapinto (algo a lo que aplaudo) y que además no es un delito”, finalizó Zamora.