El ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue citado a indagatoria en el marco de la investigación que analiza un posible circuito de coimas ligado a compras realizadas durante su gestión.
La resolución fue firmada por el fiscal federal Franco Picardi, quien consideró acreditado el nivel de sospecha requerido por la ley para avanzar con la convocatoria formal al ex funcionario.
La causa, que se inició meses atrás a partir de la difusión de audios en los que presuntamente se hablaba de pagos ilegales vinculados a proveedores del organismo, fue tomando volumen a medida que se incorporaron informes técnicos, declaraciones testimoniales y documentación del sistema informático utilizado para la gestión de compras. Picardi sostuvo que, a partir de esos elementos, se delineó un cuadro sólido sobre el funcionamiento de un presunto esquema de direccionamiento de contrataciones.
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X de @dspagnuolo_ok
En su resolución, el fiscal señaló que el art. 294 del Código Procesal Penal habilita la citación cuando existe sospecha razonable sobre la participación del imputado. Según fuentes consultadas, el llamado a indagatoria incluye además a Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.
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El dictamen, de acuerdo a lo publicado por Noticias Argentinas, describe que “ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, de defraudación al erario nacional”, instrumentado mediante el uso del sistema SIIPFIS, que habría sido empleado para otorgar apariencia de transparencia a operaciones previamente acordadas. La caracterización del fiscal apunta a una estructura organizada, con roles y tareas distribuidas, destinada a favorecer a determinados proveedores.
La difusión de los audios, que derivó en la salida de Spagnuolo del organismo, generó semanas de controversias sobre su autenticidad. Mientras sectores de la oposición reclamaron explicaciones inmediatas, la defensa del ex funcionario planteó dudas desde el primer momento.
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El abogado Mauricio D’Alessandro presentó un escrito en el que sostuvo que las grabaciones no eran reales y sugirió la posibilidad de que hubieran sido generadas mediante herramientas de inteligencia artificial, lo que abrió un nuevo frente en el expediente.
La Nación
El núcleo de la investigación se centra en las compras de medicamentos destinadas al Programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a personas con pensiones no contributivas. De acuerdo con la hipótesis fiscal, las maniobras habrían implicado sobrefacturaciones, direccionamiento hacia determinados proveedores y pedidos de retornos para funcionarios o intermediarios, afectando recursos destinados a una población altamente vulnerable.
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Los investigadores sostienen que el análisis de las órdenes de compra, los movimientos internos del sistema, los presupuestos presentados y la secuencia de pagos permiten reconstruir presuntas irregularidades que, de confirmarse, configurarían delitos contra la administración pública. Además, se evaluará la vinculación entre quienes participaron en la gestión administrativa y los intermediarios que habrían intervenido en el circuito de provisión.
A medida que avance la etapa de indagatorias, el juez interviniente deberá evaluar si dicta procesamientos, faltas de mérito o sobreseimientos. En paralelo, se aguarda la pericia técnica sobre los audios, que podría resultar clave para definir si se trató de material auténtico o manipulado. El resultado tendrá impacto directo en la solidez probatoria de la causa y en la responsabilidad de los imputados.