La presentación se realizó este lunes en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos. Por tratarse de violencia intrafamiliar, se aplicó la Ley 3040, que habilita respuestas rápidas para resguardar a personas vulnerables en el ámbito doméstico. El Juzgado de Paz local tomó intervención de forma inmediata. Existían antecedentes previos por hechos similares, lo que reforzó la necesidad de actuar con celeridad.
Según la denuncia, la abuela describió un episodio reciente en el que su hija, “de manera alterada”, la insultó, tomó una piedra y rompió el parabrisas de su auto. Luego, la presunta agresora habría enviado un mensaje intimidante por WhatsApp: “Hacé la denuncia… la que va a terminar sufriendo vas a ser vos, ya que a mis hijos no los vas a volver a ver”. En paralelo, la mujer aseguró que “hace años” observa malos tratos hacia los dos niños, incluidos tirones de pelo y violencia psicológica y emocional. “Estoy cansada de ver los malos tratos que reciben mis nietos”, declaró. Las viviendas de ambas están en el mismo terreno pero separadas, situación que el juzgado consideró al disponer las medidas.
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Qué resolvió la Justicia: límites claros y evaluación de riesgo
El juez de Paz Enzo Espejo explicó que no correspondía la exclusión del hogar, ya que no comparten la misma vivienda. Sin embargo, para preservar la integridad psicofísica de la denunciante y proteger a los niños, dictó medidas cautelares por 90 días:
- Prohibición de ingreso de la denunciada al domicilio de su madre.
- “Distancia prudencial” y respeto de espacios comunes, dado que comparten el patio.
- Cese inmediato de los actos de violencia y abstención de hostigamiento por cualquier medio (incluye mensajes de texto y redes sociales).
- Advertencia: el incumplimiento implicará desobediencia judicial con intervención del Ministerio Público Fiscal.
Además, ordenó la intervención urgente de la SENAF para evaluar el eventual riesgo y vulnerabilidad de los niños, y notificó a la Defensoría de Menores e Incapaces de Cipolletti. Comisaría 7ª y la Comisaría de la Familia fueron oficiadas para seguimiento y control.
Tratamientos obligatorios y enfoque de protección
La resolución incluye la obligación de la madre denunciada de realizar tratamiento psicoterapéutico para “internalizar su responsabilidad y deslegitimar conductas violentas”. También se dispuso que tanto la madre como la abuela puedan acceder a asistencia médica o psicológica en el sistema público, entendiendo que las intervenciones terapéuticas ayudan a frenar la escalada y a proteger el entorno de los niños.
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La Ley 3040 permite respuestas rápidas y proporcionales ante situaciones en las que hay niños, niñas y personas mayores expuestos a dinámicas de violencia. Para familias del Alto Valle y de toda la Patagonia, estos dispositivos son centrales: priorizan el resguardo inmediato, facilitan el acompañamiento estatal (SENAF, Defensoría, policía especializada) y promueven rutas de asistencia que no requieren la convivencia para operar. En este caso, la prohibición de ingreso y la distancia prudencial protegen sin desplazar a ninguna de las partes de su vivienda, mientras se evalúa el riesgo y se sostiene el vínculo con los niños bajo condiciones seguras.