El gobernador de Salta Gustavo Sáenz pidió que el nuevo diálogo con el oficialismo sea con «gente con poder de decisión». Lo hizo luego de que Javier Milei designara como ministro del Interior a Lisandro Catalán, quien será el encargado del vínculo con las provincias y de tratar de convencer a los gobernadores de un acuerdo con el oficialismo.
«Celebramos la designación de Catalán, con quien en realidad ya venimos dialogando hace tiempo, pero en esta nueva apertura del Gobierno quisiéramos hablar con gente con poder de decisión», sostuvo en diálogo con TN.
La frase de Sáenz va en sintonía con lo que planteó Maximiliano Pullaro, Gobernador de Santa Fe quien dijo que estaba dispuesto al diálogo, pero que «debería convocarlo Milei».
Sáenz también se metió con los temas de discapacidad y jubilados, luego de los vetos del Gobierno que también planea vetar la Ley de ATN que proponían los gobernadores. El gobernado de Salta pidió a Nación suspender planes a extranjeros y destinar los fondos a jubilados y discapacitados.
En este sentido, el gobernador planteó “suspender los planes sociales en zona de frontera, sobre todo las provincias que somos fronterizas, que vemos cómo mes a mes se cruzan de un país a otro, a cobrar una asignación universal por hijo y después se vuelven al país vecino», afirmó.
Sáenz sugirió que se deben «suspender todos los planes sociales en zona de frontera» y exigir que «vengan cada uno de los que acrediten la residencia real en nuestra provincia y en cada una de las provincias y en el país». Con esta medida, el gobernador sostiene que se podría beneficiar a los jubilados y aumentar los beneficios a las personas con discapacidad, ya que se estaría evitando «la cantidad de fondos que estamos dilapidando en los extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país».
Por otra parte, la Fiscalía de Estado de Salta acudió a la Corte Suprema para solicitar la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos por el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).