En diálogo con Canal E, la abogada especializada en Derechos Humanos Cynthia Castro cuestionó el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad y advirtió que su no aplicación podría derivar en consecuencias legales tanto nacionales como internacionales.
Una ley constitucional que protege a los más vulnerables
“La emergencia en discapacidad en este sentido es plenamente legal y constitucional”, afirmó Castro, quien aseguró que esta normativa “responde a un mandato que le da autoridad al Congreso, que no está actuando caprichosamente”. Según explicó, la Constitución nacional obliga a dictar medidas de acción positiva para proteger a grupos vulnerables, entre ellos, las personas con discapacidad.
“La discapacidad no es un privilegio”, remarcó, y agregó: “Sus necesidades tienen que ser respondidas por parte del Gobierno”. En ese sentido, criticó con dureza la postura del Ejecutivo: “El presidente justifica su decisión en una casi obsesión económica por recortar derechos que ya están garantizados”.
Castro aclaró que el argumento fiscal tampoco se sostiene: “La ley representa entre el 0,25% y el 0,45% del PBI”, una cifra significativamente menor que otras partidas, como el aumento jubilatorio, lo cual demuestra que “no afectaría las cuentas ni el equilibrio fiscal”.
“Las leyes de emergencia deben tener una fecha de caducidad y esta tiene vigencia hasta 2027”, recordó la especialista, descartando la idea de que implique una carga permanente para el Estado.
Riesgo institucional y consecuencias internacionales
Frente a la decisión del Ejecutivo de judicializar la medida, Castro fue contundente: “El intento del gobierno de no implementar la ley sería un acto de inconstitucionalidad por omisión”. Además, advirtió que, de avanzar esta estrategia, “el Ejecutivo se colocaría en estado de rebeldía frente al Congreso”.
Este escenario podría desatar una serie de acciones legales: “Implica que pueden generarse amparos, medidas cautelares colectivas y eventuales condenas al Estado a nivel internacional”, explicó Castro, y añadió: “Siempre lo termina pagando el Estado, y eso somos todos, no es solo el gobierno”.
En ese contexto, recordó que “el Pacto Internacional de Derechos Económicos impone al Estado utilizar los máximos recursos disponibles para garantizar derechos a los grupos más vulnerables”, y que “no se admiten retrocesos arbitrarios”, como en este caso.
Finalmente, sostuvo que el enfoque del Gobierno no puede estar condicionado por el color político: “Hoy es el violeta, mañana el amarillo, pasado el rosa o el gris. Todos los gobiernos tienen el deber de encuadrar su gestión pública dentro de la Constitución”.