La estrategia del Gobierno de sostener tasas de interés reales elevadas para frenar la presión cambiaria y moderar la inflación empieza a mostrar efectos colaterales en la economía real. Aunque el objetivo oficial es evitar una disparada del dólar en la recta final antes de las elecciones, empresarios y economistas advierten que el costo del financiamiento se disparó y afecta tanto a familias como a empresas. Esta dinámica podría provocar que la actividad se resienta en los próximos meses.
De hecho, la economía ya ingresó en una fase de amesetamiento desde que alcanzó su pico máximo de actividad, en febrero pasado. Los dos sectores de mayor generación de empleo —industria y construcción— todavía no recuperaron los niveles que tenían en noviembre de 2023.
“La industria acumula una baja de 1,6% en lo que va del año y se ubica 1,8% por debajo del nivel de noviembre de 2023. La construcción muestra una suba de 1,3% en el mismo período, pero aún se encuentra 19,7% por debajo del nivel de noviembre de 2023”, señaló un informe del Banco Galicia sobre la base de datos oficiales del Indec.
En este contexto de fragilidad, la política monetaria del Banco Central (BCRA) entró en una vorágine tras la decisión del equipo económico de eliminar las letras de liquidez (LEFI), un instrumento exclusivo para bancos. Desde entonces, las tasas comenzaron a escalar y superaron el 60% nominal anual, lo que en términos mensuales implica una tasa efectiva superior al 4% para financiamiento a menos de 60 días, cuando la inflación se mantiene por debajo del 2% mensual.
Si bien bancos, analistas y empresas consideraban que la volatilidad sería transitoria, ahora el consenso es que el Gobierno busca mantener un financiamiento caro para garantizar un tipo de cambio estable al menos hasta las elecciones.
“Las tasas de interés reales están llegando a niveles muy elevados: más de 2% mensual. Casi ninguna economía puede sostener su aparato productivo con estos costos”, alertó Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra. Dijo que desde mediados de julio, tras el desarme de las LEFI y las medidas para absorber pesos, las tasas cortas prácticamente se duplicaron respecto de la inflación esperada.
“Esto impacta de lleno en el crédito. Los bancos, preocupados por el aumento de la mora en las familias, empezaron a restringir préstamos. Incluso empresas sanas, con deuda, hoy enfrentan un capital de trabajo muy costoso”, agregó.
El crédito fue un motor clave el año pasado para la rápida recuperación económica, sobre todo para la compra de bienes durables como autos, motos y electrodomésticos. Varios comercios incluso mantuvieron las propuestas de “cuotas sin interés” para fomentar el consumo.
“Las tasas altas ya se están transmitiendo a todas las líneas de financiamiento, a empresas e individuos. Todavía no desaparecieron las cuotas sin interés, pero empiezan a verse menos. Si los comercios dejan de absorber el costo, eso impactará en el consumo durable”, advirtió Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier. Para él, la desaceleración del crédito al sector privado ya era evidente en julio y es probable que en agosto directamente se detenga.
“Las empresas pagan hoy por adelantos en cuenta corriente más tasa, con inflación de 2% mensual, que hace un año con inflación de 5%. La morosidad pasó del 2% al 5% en pocos meses, concentrada más en familias que en empresas”, indicó, por su parte, Matías Surt, economista de Invecq. No obstante, subrayó que la poca profundidad del sistema financiero argentino limita el impacto sistémico de tasas tan altas, aunque reclamó “menos tasas delirantes” y más flotación cambiaria para estabilizar los precios.
La situación preocupa especialmente a la Unión Industrial Argentina (UIA). Su economista jefe y director ejecutivo, Diego Coatz, advirtió que muchas empresas sufren restricciones adicionales por demoras en la devolución de impuestos —como IVA, impuesto PAIS e Ingresos Brutos— y problemas de liquidez. “Esto obliga a financiarse a tasas muy altas, lo que presiona la rentabilidad. Si las tasas no bajan, caerá la demanda por menor crédito y aumentarán los costos para empresas endeudadas, en un contexto de menor producción y presión importadora”, dijo.
En la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en cambio, predomina una visión más moderada. Su economista jefe, Matías Bolis Wilson, recordó que el alza de tasas es una herramienta habitual de política monetaria y que, en este contexto de volatilidad financiera y definiciones políticas próximas, es un movimiento “momentáneo” que no afectará de forma significativa la actividad si no se prolonga demasiado. “No tenemos quejas generalizadas de nuestros socios. El impacto depende del apalancamiento de cada negocio”, afirmó, y sostuvo que el pronóstico de crecimiento del PBI de alrededor del 5% para 2025 sigue vigente.
Aun así, economistas y cámaras empresariales coinciden en que un esquema prolongado de tasas reales elevadas —que el mercado descuenta se mantendrá al menos hasta octubre— encarecerá el capital de trabajo, reducirá el acceso al crédito y podría erosionar la rentabilidad incluso de las compañías más sólidas. La incógnita es si el costo de enfriar la economía en la antesala electoral no terminará siendo demasiado alto para una actividad que, en varios sectores, ya muestra señales de estancamiento.
Más allá de la coyuntura económica, los inversores también siguen de cerca el capital político del Gobierno. En este sentido, destacan que, mientras en noviembre de 2023 las encuestas señalaban la inflación como el principal problema del país, esa preocupación cayó al décimo lugar, según el último sondeo de Satisfacción Política y Opinión Pública que elabora bimestralmente la Universidad de San Andrés.
En cambio, hoy tres de los cuatro temas que más preocupan a la población son los bajos salarios, la falta de trabajo y la pobreza, un giro en las prioridades ciudadanas que, para los analistas, podría condicionar el margen de maniobra política y las decisiones económicas en lo que resta del año.