Mercado Libre, la compañía tecnológica más valiosa del país, decidió cerrar sus oficinas en el edificio más moderno y costoso de Córdoba capital. El mensaje detrás de esta acción es claro: la empresa no quiere seguir pagando más de 770 millones de pesos en tasas municipales. En su comunicado, evitó referirse a los impuestos nacionales, con los que mantiene una postura más tolerante.
Por primera vez en su historia, la firma fundada por Marcos Galperin plantea públicamente una revisión de su carga impositiva. Pero no lo hace con un enfoque integral: el reclamo apunta exclusivamente a tributos provinciales y municipales, mientras mantiene una fuerte sintonía con el gobierno nacional.
Este nuevo capítulo reaviva la histórica tensión entre el sector privado y el Estado. La diferencia, en este caso, radica en quién tiene la sartén por el mango: una empresa influyente que busca reducir costos o un Estado local que se resiste a perder recaudación clave para afrontar servicios que antes pagaba Nación a través de subsidios.
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Ni desde la Municipalidad (Palacio 6 de Julio) ni desde el Gobierno provincial (El Panal) hubo declaraciones públicas. Sin embargo, desde ambos espacios dejan trascender que no habrá modificaciones en la obligación tributaria de Mercado Libre. «La empresa continuará pagando en función de sus ventas en Córdoba. No hay ningún cambio en su calidad de contribuyente», indicaron fuentes oficiales.
En paralelo, el impuesto provincial de Ingresos Brutos sigue vigente y es pagado por todas las empresas, sin excepción. «Ninguna pyme cerró por pagar estos tributos», subrayan desde una cámara empresarial, donde atribuyen la polémica a una narrativa impulsada por el Gobierno nacional sobre la necesidad de reducir el peso del Estado. «Lo cierto es que Nación no ha eliminado ningún impuesto», remarcó un directivo.
Una decisión política
Desde el municipio interpretan la medida como una jugada política. «No hubo ninguna variación en la estructura impositiva de Córdoba. El planteo de Mercado Libre es extemporáneo», explican especialistas tributarios. Señalan que las reformas fiscales se discuten y definen a comienzos del año fiscal, no en julio. «Meli no tiene coronita», afirman sin decirlo a los micrófonos o grabadores de los periodistas.
Algunos funcionarios locales vinculan el cierre de oficinas con otras decisiones recientes de grandes jugadores —como Uber o el Banco Nación—, aunque reconocen que en este caso no hay cambios de fondo que justifiquen la salida de la empresa del centro corporativo.
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Según un intendente del interior, «es cierto que las tasas locales son altas, pero muchas veces las municipalidades absorben servicios que antes prestaba Nación». Hoy, el combo de tributos municipales representa cerca del 2,1% de la facturación, uno de los porcentajes más elevados del país. Aun así, remarcan: “ninguna empresa quebró por eso”.
La discusión abre una ventana al análisis más profundo sobre costos, competitividad y distribución de servicios públicos. Como expresó irónicamente un empresario cordobés: «Llamen a Roque Lenti, que hasta ahora es el único afectado en toda esta historia».
Si bien es cierto que pocos servicios municipales justifican semejante presión tributaria, también lo es que Córdoba ofrece conectividad, talento profesional y servicios que explican en parte la permanencia de grandes compañías en la ciudad.
Desde el Municipio aseguran que las negociaciones con Mercado Libre «siguen abiertas». Mientras tanto, el gobierno local deberá explicar su postura ante los vecinos, antes de que el relato de una empresa poderosa termine imponiéndose como la única versión de los hechos.