Claudio «Chiqui» Tapia logró que un juez de Pilar le imponga una restricción de contacto físico y virtual al periodista Pablo Gravellone por sus comentarios en la red social X (exTwitter) sobre las irregularidades que investiga la Justicia en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La denuncia del presidente de la AFA contra el periodista de TN y El Trece fue por «amenazas y hostigamiento digital». Consultado por Clarín, Gravellone dijo que prefería esperar a ver las actuaciones judiciales para opinar, ya que todavía no fue notificado oficialmente de esta decisión.
Pero cuando fue la denuncia, hace dos meses, Gravellone sostuvo que esto se enmarca en «un intento de silenciar voces críticas». Y destacó que, «claramente, no hostigué ni amenacé a nadie. Hice mi trabajo ejerciendo la libertad de expresión con absoluta responsabilidad y compromiso con mi profesión».
Por su parte, el abogado de Tapia, Gregorio Dalbón, planteó este viernes en su cuenta de X que el juez resolvió dictar una medida cautelar imponiendo al periodista la «prohibición de contacto», por cualquier medio «que permita la interacción directa o indirecta, incluyendo la captación y reproducción de imágenes de su entorno personal, no así de aquel como figura pública; sumado a la prohibición de acercamiento», en un radio de 500 metros, por el término de 90 días.
«El periodismo no habilita a injuriar ni a instalar delitos inexistentes», aseguró Dalbón en X. Consultado por Clarín, el abogado de Tapia no quiso responder la requisitoria periodística.
Se trata de la primera denuncia judicial que le realiza el presidente de la AFA al periodista de TN y El Trece (medios de Grupo Clarín), quien en 2024 recibió dos cartas documento que le envió Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA, por calumnias e injurias, que «fueron respondidas y quedaron en la nada», contó Gravellone, a principio de año.
En esa ocasión, Dalbon dijo que la denuncia fue presentada por Tapia «ante la reiteración de manifestaciones públicas, imputaciones falsas y conductas de hostigamiento sostenidas en el tiempo». Y añadió que, «a partir de este momento, no hay más relato. Hay un expediente, un juez federal y responsabilidades personales que deberán asumirse. La suya y la de los que siguen repitiendo mentiras. Habrá más denuncias», amenazó el abogado del presidente de la AFA.
Las principales causas que investiga la Justicia en relación con la AFA son apropiación indebida de recursos tributarios y de la seguridad social; la relación de Sur Finanzas con la AFA y sus clubes, por lavado de activos y evasión tributaria, así como por la compra y venta de dólares; la actuación de la empresa TourProdEnter, que administra los negocios de la AFA en el extranjero; y el origen de los fondos con los que se compró la mansión de Pilar, vinculada a Toviggino, pero que está a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, entre otras.
Aprietes de la AFA a periodistas
La denuncia de Tapia contra Gravellone se inscribe en una serie de denuncias contra periodistas y conductores de programas que desde el año pasado realiza junto al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a través de los abogados de la AFA.
Según pudo reconstruir Clarín, el hostigamiento de las autoridades de la AFA apuntó no solo a Gravellone, sino también contra Mario Pergolini, María O’Donnell, Ricardo Roa, Joni Viale, Gonzalo Abascal, Esteban «Pelado» Trebucq, Alejandro Alfie, y Tomás Díaz Cueto, entre otros.
La criminalización de la actividad periodística incluye diversas herramientas como amenazas de iniciar acciones judiciales, el envío de cartas documento, la realización de audiencias de mediación con demandas millonarias y la presentación de denuncias judiciales para intentar restringir la actividad periodística.
Las medidas de las autoridades de la AFA fueron repudiadas por entidades como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que emitieron varios comunicados en los que se solidarizaron con los periodistas perseguidos y expresaron su preocupación por estas medidas «abusivas e intimidantes» que «podrían tener como objetivo o efecto la intimidación y silenciamiento de periodistas y medios».
«Estas prácticas (que incluyen demandas indemnizatorias abusivas, denominadas “SLAPPs”) buscan amedrentar a los profesionales de prensa, condicionar el trabajo periodístico, desalentar investigaciones y promover la autocensura», sostuvo ADEPA.
La entidad representativa de los medios argentinos subrayó que el acceso a la información de interés público es un derecho de la ciudadanía, y requiere que los periodistas puedan trabajar sin presiones ni amenazas de litigios abusivos e intimidatorios. «La libertad de expresión necesita profesionales que puedan investigar e informar sin miedo a represalias», destaco ADEPA.
La Fundación LED planteó que “la utilización de demandas civiles con exigencias económicas de grandes montos contra periodistas constituye una severa limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran”.
FOPEA rechazó la “judicialización abusiva de asuntos de interés público”. Y planteó que “la amenaza de acciones judiciales, las cartas documento y las denuncias resultan una intimidación indebida hacia los periodistas y afectan el normal flujo de informaciones imprescindible en una democracia”.