En el marco de una de las investigaciones sanitarias más complejas de la historia reciente en Argentina, la Justicia Federal finalizó el proceso de depuración de datos que permite establecer la magnitud real de la tragedia del fentanilo contaminado. Tras un intenso trabajo administrativo realizado durante el receso de la feria judicial, el juzgado interviniente remitió al Cuerpo Médico Forense el listado consolidado de casos.
Las cifras son estremecedoras: se confirmaron 111 víctimas fatales por la inoculación del fármaco adulterado, sobre un universo total de 159 pacientes afectados directamente por el lote bajo sospecha.
De acuerdo con fuentes allegadas al expediente consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, el relevamiento permitió separar los casos confirmados de aquellos que, si bien presentaron síntomas, no respondieron estrictamente a la contaminación del opioide. «Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso», explicaron desde los tribunales federales. De los 159 casos evaluados exhaustivamente, 48 corresponden a personas que, tras ser hospitalizadas con cuadros críticos, sobrevivieron a los efectos de la sustancia, aunque en muchos casos con secuelas que todavía se encuentran bajo monitoreo médico.
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El material probatorio, que incluye muestras de tejido y fluidos de los fallecidos, quedó ahora bajo la órbita de los especialistas del Cuerpo Médico Forense. El objetivo de esta etapa es ratificar mediante pericias de laboratorio que la causa de muerte en cada uno de los 111 casos fue la infección bacteriana presente en las ampollas de fentanilo. Si el equipo forense valida estos datos, la calificación legal contra los principales responsables sufrirá un agravamiento inminente, lo que podría derivar en penas de prisión perpetua.
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El rol de los laboratorios y los procesamientos
La investigación judicial puso el foco sobre la cadena de producción y control de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. Actualmente, existen 14 personas procesadas con prisión preventiva, entre las que destaca Ariel García Furfaro, propietario de ambas firmas y figura central en el expediente. García Furfaro, quien posee vínculos conocidos con sectores políticos nacionales, enfrenta cargos como «coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales» por haber provocado inicialmente la muerte de 20 personas, cargo que ahora se ampliará con el nuevo listado oficial.
La fiscalía sostiene que el empresario intervino junto a 16 miembros del personal técnico de los laboratorios en la toma de decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta de un lote específico: el número 31202. Según la orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024, ese lote estaba destinado al uso público sanitario en hospitales y centros de salud de todo el país. No obstante, el proceso de fabricación se realizó bajo condiciones que los investigadores definen como «deplorables».
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El escrito judicial al que accedió la prensa detalla que las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, muchas de ellas calificadas como críticas por los inspectores de salud. «Existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas», subraya el documento, sugiriendo que los responsables conocían los riesgos de liberar el lote al mercado pero decidieron continuar con la distribución para evitar pérdidas económicas.
Deficiencias técnicas y bacterias en el sistema
El punto central de la acusación radica en que el fentanilo no fue adulterado con fines de corte para el narcotráfico, sino que se contaminó con bacterias debido a la falta de asepsia en las plantas de producción. Esta particularidad técnica convierte el caso en un hito jurídico, ya que se juzga la negligencia criminal en la industria farmacéutica legal. Los peritos sanitarios indicaron que las bacterias halladas en las muestras de las víctimas coinciden con las encontradas en las líneas de llenado de los laboratorios allanados.
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A pesar de las señales de alarma internas y las irregularidades detectadas en los controles de calidad, el lote 31202 llegó a las guardias de terapia intensiva y quirófanos. El fármaco, un opioide sintético de alta potencia utilizado habitualmente para anestesia y manejo del dolor crónico, se convirtió en un vehículo de infección letal que colapsó el sistema sanitario en varias provincias durante los primeros meses del año 2025.
El reclamo de las familias y la movilización social
Mientras la causa avanza en los despachos de Comodoro Py, el impacto social de la tragedia se mantiene vigente. Familiares de las víctimas continúan organizados en demanda de justicia, exigiendo que las condenas no se limiten a los operarios técnicos, sino que alcancen a los máximos responsables empresariales y a los funcionarios encargados de la fiscalización sanitaria que falló de manera sistémica.
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Según informó la Agencia de Noticias Argentinas, en los más de seis meses de instrucción, se llevaron adelante tres marchas multitudinarias en las ciudades de La Plata y Rosario. Estas movilizaciones buscan dar visibilidad al reclamo y asegurar que los nombres de las 111 personas fallecidas no queden en el olvido mediático. Para los deudos, se trata de la peor crisis sanitaria del país ligada a un medicamento legal, y la confirmación de la cifra de muertes por parte de la Justicia Federal representa un alivio parcial en medio del dolor, al ver que el Estado reconoce finalmente la magnitud del daño causado.
La expectativa ahora está puesta en el informe final del Cuerpo Médico Forense. Una vez que los peritos concluyan los estudios sobre las muestras recibidas, el juez de la causa estará en condiciones de elevar el expediente a juicio oral, un proceso que promete ser extenso y que sentará un precedente fundamental sobre la responsabilidad penal de los laboratorios en la Argentina.