La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires investiga a Marcelo Porcel, un empresario de perfil conocido en el ámbito comercial e inmobiliario, por presuntos hechos de abuso sexual y corrupción de menores que habrían tenido como víctimas a compañeros de colegio de su propio hijo.
Según informaron fuentes del caso a TN, la causa se inició tras la denuncia de seis familias, aunque con el avance de la investigación el número de adolescentes que declararon ante la Justicia ascendió a diez.
Porcel es hijo del fundador de Argencard, la tarjeta de crédito que fue vendida hace más de tres décadas al Grupo Exxel. En los últimos años estuvo vinculado a distintos emprendimientos comerciales: fue concesionario del shopping Oh! Buenos Aires, proyecto del que se desvinculó.
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Marcelo Porcel, el empresario investigado.
Newsweek
Durante una entrevista brindada el año pasado a la revista Forbes, Porcel se presentó también como representante del Grupo Hatzalaj, una firma dedicada al desarrollo inmobiliario comercial. En su perfil profesional figura además como presidente de Campazu S.A., una empresa del sector agroganadero.
La grave acusación en su contra
La investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, conducido por el juez Carlos Manuel Bruniard, con intervención del fiscal Pablo Turano.
El expediente se abrió el 5 de julio de 2024 y analiza hechos que, según surge de los testimonios, habrían ocurrido en distintos ámbitos: una lujosa torre ubicada en la zona de Godoy Cruz y Cerviño, otro departamento cercano y la oficina del empresario, situada a metros del Obelisco.
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Los adolescentes, de entre 13 y 14 años, relataron ante la Justicia una modalidad de acercamiento progresiva, que se habría iniciado a partir del vínculo de Porcel con el colegio y actividades deportivas.
De acuerdo con la causa, el empresario organizaba encuentros sociales, ofrecía traslados y se mostraba disponible para colaborar con los chicos, actitudes que inicialmente no generaron sospechas.
Con el tiempo, según los relatos incorporados al expediente, las reuniones se habrían trasladado con frecuencia a su domicilio, con insistencia para que los menores se quedaran a dormir.
Allí, siempre de acuerdo con las denuncias, se habría avanzado en la facilitación de alcohol, la entrega de dinero a cambio de determinados desafíos y otras conductas que hoy son materia de investigación judicial.
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En la causa constan además chats grupales en los que se organizaban encuentros y se reforzaba la idea de mantener reserva sobre lo ocurrido.
A poco de iniciada la investigación, el juez dictó una medida cautelar que prohíbe a Porcel cualquier tipo de contacto con las presuntas víctimas y sus familias, además de impedirle acercarse al colegio y al club GEBA, donde varios de los adolescentes practican fútbol.
También se realizaron allanamientos en domicilios y oficinas vinculados al acusado, con secuestro de dispositivos electrónicos. Un peritaje sobre su teléfono permitió hallar imágenes y mensajes considerados relevantes para el avance de la causa.
Por el momento, el empresario no fue indagado ni detenido. Tanto el fiscal como la Defensora de Menores solicitaron en reiteradas oportunidades que se avance con esas medidas y se disponga una prohibición de salida del país, pero el juzgado resolvió aguardar a que todos los denunciantes declaren en Cámara Gesell, con el objetivo de evitar múltiples citaciones y preservar a los menores involucrados.