Un detalle inesperado llamó la atención durante la audiencia de revisión de prisión preventiva contra J.S., imputado en una causa por robo agravado en Comodoro. Aunque los informes médicos presentados por la defensa señalaban que el acusado sufría una herida en la pierna que lo obligaba a desplazarse con muletas, el imputado ingresó caminando a la sala. Ese hecho, sumado a otros elementos, fue considerado por la Fiscalía para insistir en la continuidad de la medida cautelar, que finalmente fue avalada por el juez penal Ariel Tedesco.
La revisión se realizó a pedido de la defensa, que había solicitado el cese de la prisión preventiva, medidas sustitutivas o, en última instancia, arresto domiciliario. La abogada Carolina Moscolo argumentó que los riesgos procesales por los cuales se había dispuesto la prisión preventiva ya no existían y que, además, en una segunda declaración de la víctima el imputado fue mencionado solo como “observador” de la agresión. La defensa también presentó un informe social y el informe médico como respaldo de su pedido.
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Sin embargo, el fiscal Franco Tavano se opuso de manera contundente. Recordó que la víctima, en una ampliación de su declaración, reconoció al sospechoso como uno de los autores materiales del hecho, lo que agrava su situación.
Señaló también que el imputado ya se había mantenido evadido de la Justicia y conocía a la víctima, lo que refuerza el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Y fue más allá: advirtió la contradicción entre lo expresado en el informe médico y la realidad observada en la audiencia, cuando el acusado se presentó caminando sin ayuda.
El representante del Ministerio Público Fiscal subrayó que el delito por el que se lo acusa tiene una pena mínima de cinco años de prisión, lo que incrementa la posibilidad de fuga si recupera la libertad.
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“Persisten los peligros procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación”, remarcó Tavano al solicitar que se mantenga la medida cautelar.
Tras escuchar a las partes, el juez Tedesco resolvió mantener la prisión preventiva del imputado y ordenó solicitar un informe social a la Agencia de Supervisión. La decisión implica que el acusado permanecerá detenido mientras avanza la investigación.
Violó una prohibición de acercamiento y deberá realizar 60 horas de trabajo comunitario
En paralelo, en Rawson, otro caso judicial tuvo una resolución distinta. La jueza de garantías Karina Breckle homologó un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, que estableció la realización de 60 horas de trabajo comunitario como sanción para un hombre que violó una prohibición de acercamiento dictada por el fuero de Familia respecto de su expareja.
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El hecho ocurrió el jueves por la tarde, cuando el imputado se detuvo con su motocicleta en la esquina de Vucetich y San Martín para saludar a su hija menor de edad, a quien no veía hacía ocho meses. La madre de la niña advirtió la situación y dio aviso inmediato a la Policía. Varios móviles acudieron al lugar y procedieron a la detención del hombre, confirmando que existía una restricción de 200 metros vigente.
En la audiencia posterior, la funcionaria de Fiscalía Analia Acuña solicitó aplicar un juicio rápido por tratarse de un caso flagrante y sin violencia. La defensora Silvana Vanina Jara, por su parte, ofreció una conciliación que incluyó el cumplimiento de 60 horas de trabajo comunitario. El imputado pidió la palabra, relató los hechos desde su perspectiva, se disculpó y aceptó la propuesta.
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Finalmente, la jueza Breckle consideró válida la detención y dispuso que en futuras intervenciones se garantice el derecho de los detenidos a comunicarse con su abogado de confianza. Con el acuerdo de las partes, homologó la propuesta y dispuso la libertad del imputado, condicionada al cumplimiento de las tareas comunitarias.