La Justicia de Familia de Bariloche dictó un fallo con perspectiva de género que reconoce el valor económico de las tareas de cuidado y del sostenimiento del hogar. Una jueza ordenó que un hombre pague a su expareja más de $100 millones, ajustados por inflación, en concepto de compensación económica tras la ruptura de la unión convivencial.
La mujer había destinado más de una década a criar a sus hijas, realizar tareas domésticas y colaborar con el negocio de su pareja, sin acceso a bienes materiales ni al crecimiento patrimonial que obtuvo el hombre durante ese tiempo. Tras la separación, quedó sin vivienda propia, con ingresos docentes limitados y a cargo de sus hijas.
En contraste, su expareja conservó la casa familiar, vehículos y equipamiento adquirido durante la convivencia, además de mantener el emprendimiento comercial que hoy funciona como sociedad activa.
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La fundamentación judicial
La magistrada basó su decisión en los artículos 524 y 525 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regulan la compensación económica en casos de desequilibrio tras la finalización de una unión convivencial. Subrayó que el esquema familiar reprodujo roles tradicionales de género, en los que la mujer quedó relegada en su vida laboral y profesional para garantizar el crecimiento económico del hombre.
El fallo aclara que no se trata de alimentos ni de indemnización, sino de una medida que busca restaurar autonomía económica a la parte más perjudicada. “Lo que se persigue no es igualar patrimonios ni garantizar el mismo nivel de vida, sino restituir condiciones que permitan recuperar cierta autonomía económica”, explicó la jueza en su resolución.
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El Cronista
Pruebas y testimonios
El expediente incluyó testimonios que confirmaron que la mujer renunció a un emprendimiento propio por la carga doméstica y que colaboró activamente en el negocio de su pareja. Pese a ese aporte, no recibió reconocimiento económico ni participación en el patrimonio.
Tras la separación, debió mudarse a otra ciudad con sus hijas, alquilar una vivienda y reorganizar su vida laboral con ingresos reducidos.
La jueza también citó estándares internacionales de derechos humanos, en particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Según el fallo, la compensación económica constituye una herramienta para corregir desigualdades estructurales y evitar que se perpetúe una situación injusta en perjuicio de la mujer.