La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece un nuevo esquema de financiamiento para las universidades públicas. La iniciativa fue la primera en debatirse durante una extensa sesión que también incluye temas sensibles para el Ejecutivo, como la emergencia en pediatría vinculada al hospital Garrahan y proyectos para modificar la coparticipación del impuesto a los combustibles y la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El proyecto obtuvo 158 votos positivos, frente a 75 negativos y 5 abstenciones, con 19 diputados ausentes. Si bien no alcanzó los dos tercios requeridos para una mayoría especial -faltó apenas un voto-, el amplio respaldo dejó expuesta la solidez del acuerdo opositor. Entre los bloques que apoyaron la medida estuvieron Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la UCR.
El proyecto de financiamiento universitario tuvo media sanción en Diputados
La propuesta fue elaborada por el bloque Democracia para Siempre, que reúne a sectores del radicalismo disidente, en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de universidades públicas. El texto contempla una actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las casas de estudio, hospitales universitarios y programas de investigación. Además, instruye al Ejecutivo a convocar paritarias en un plazo de tres meses para recomponer los salarios del personal docente y no docente, y prevé una ampliación del sistema de becas estudiantiles.
Desde el oficialismo, en tanto, cuestionaron que el proyecto no especifica el origen de los fondos necesarios para implementar las mejoras presupuestarias. La preocupación del Gobierno gira en torno al impacto fiscal de la medida y a la posibilidad de que la oposición utilice estos temas para desgastar políticamente al presidente Javier Milei, quien siguió el debate desde la residencia de Olivos. Desde La Libertad Avanza señalaron que «buscan dañar el rumbo económico del Gobierno«.
En su intervención durante el debate, la diputada Danya Tavela (Democracia para Siempre) apuntó directamente contra el Ejecutivo: «El primer responsable de que estemos discutiendo este tema es el Gobierno Nacional, que por segundo año consecutivo no cumple con su obligación de traer la Ley de Presupuesto para que sea debatida, discutida y aprobada en este recinto. Por lo tanto, llevamos dos años de un atraso histórico en el sistema universitario. Nunca habíamos atravesado esta situación. Ni siquiera en los oscuros años 90, cuando el por entonces presidente Carlos Menem intentaba privatizar y arancelar el sistema universitario«.
Por su parte, la radical Gabriela Brouwer de Koning enfatizó la importancia de la educación como motor de desarrollo: «El orden fiscal, que apoyamos desde un comienzo y de manera coherente y responsable, no debe ser un fin en sí mismo, sino que es un medio. En la era del conocimiento, la educación se convierte en un valor estratégico fundamental. Si queremos que Argentina crezca, tenemos que tener un Estado inteligente, que priorice la educación, la ciencia y la tecnología. Cuidar el sistema universitario es una decisión política en función del desarrollo. La universidad pública no es un gasto ni un privilegio, es una inversión, es donde se están formando los profesionales que necesitamos«.
La iniciativa ahora pasará al Senado, donde la oposición intentará avanzar con la sanción definitiva, aunque el oficialismo anticipa resistencias y evalúa alternativas para frenar la norma o modificar su alcance.
Financiamiento universitario: dudas sobre el costo en Diputados, mismo problema para el Gobierno
El proyecto sobre las universidades fue impulsado por los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y propone actualizar por inflación y de forma automática los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, al tiempo que ordena convocar a paritarias para recomponer el salario del personal docente y no docente.
Con este tema, el problema es que no hay un informe de la OPC porque los diputados no lo pidieron y tampoco los rectores de las universidades hicieron el cálculo, según deslizó a este medio una fuente opositora. El único número que hay sobre el impacto fiscal de este otro proyecto es 0,19% del PBI, pero es una cuenta extraoficial.
En otros bloques apuntan que cuando la misma iniciativa se trató en 2024 (Milei la vetó) la OPC informó que el impacto era de 0,14% del PBI por lo que este año sería «más o menos lo mismo, pero con el Producto Bruto actualizado«. Pero ante la falta de un número preciso, el oficialismo y la oposición arrojan diagnósticos distintos.
En el sector de la UCR más ligado a las universidades señalan que, con el informe anterior actualizado por la inflación de 2025, el proyecto implicaría en total un gasto adicional para el Gobierno de poco más de un billón de pesos. Los libertarios afirman que «supera ampliamente el billón y medio».
Sin embargo, para la oposición la discusión no pasa por los números redondos, sino por la recomposición. Durante la sesión, el radical Martín Tetaz señaló: «No preguntemos de dónde sala la plata cuando solamente estamos ajustando por inflación, no estamos creando universidades nuevas».
¿Por qué la oposición avanza con proyectos que tienen asegurado el veto de Milei?
Todos saben que los dos proyectos van camino a repetir la historia del último año y medio: si se convierten en ley, el Presidente los vetará con el argumento de que dañan el equilibrio fiscal y luego empezará la pulseada dentro del Congreso para ver si el Gobierno logra blindar el veto o no.
Por esa razón, el eje central de la sesión que convocó la oposición no pasa tanto por el contenido de los proyectos, ni siquiera por el impacto fiscal, sino por discutir el orden de prioridades del plan económico de la gestión libertaria.
Miguel Pichetto, jefe de Encuentro Federal, sostuvo que el tema del financiamiento universitario se debería «discutir en el nivel del presupuesto» para «definir las prioridades» porque el país lleva «dos años sin ley de presupuesto». Y agregó: «No veo a las personas en los barrios populares o en los almacenes predicando sobre el orden fiscal, es importante, pero vamos a ver como lo evalúa la sociedad en octubre cuando tenga que votar».
A su turno, el radical Julio Cobos (uno de los pocos de la UCR que dio quórum) señaló: «Sepa el Gobierno que además del equilibrio fiscal, no se pueden romper el equilibrio institucional, el equilibrio federal y mucho menos el equilibrio social».
«Están preocupados por el déficit fiscal y no se los escuchó hablar cuando bajaron las retenciones al campo. Pero les preocupa de dónde va a salir a plata: saldrá de las obras públicas que le recortaron a los municipios», señaló a su turno Adolfo Bermejo, de Unión por la Patria.
A su turno, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) sostuvo que «no hay plata para las universidades pero vemos que para un ejército de trolls o para quue el Presidente se tome un avión para un acto partidario en Córdoba sí hay plata», mientras que Christian Castillo (Frente de Izquierda) sostuvo que «para financiar el carry trade el Gobierno gasta 4,5% del PBI».