El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) solicitó a propietarios de viviendas en Georgia distintos documentos y datos sobre sus inquilinos, lo que generó advertencias legales y preocupaciones por sus derechos civiles. Expertos remarcaron que estas citaciones no cuentan con la firma de un juez.
Eric Teusink, abogado inmobiliario de Atlanta, explicó a Associated Press que varios de sus clientes, dueños de propiedades, recibieron citaciones del ICE en las que solicitan información detallada sobre sus inquilinos.
La estrategia forma parte de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para reforzar las deportaciones. Los pedidos incluyen:
Estas solicitudes llevan el título “citación de ejecución de información”, están firmadas por la Unidad de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), pero no cuentan con el aval de un juez. El documento amenaza con que el propietario podría ser declarado en desacato si no colabora.
Expertos jurídicos señalaron que estas solicitudes generan dudas sobre su validez legal. La profesora Stacy Seicshnaydre, de la Universidad de Tulane, afirmó que colaborar sin una orden judicial podría violar la Ley de Vivienda Justa. Además, advirtió sobre el riesgo de que los propietarios entreguen información sin que los inquilinos afectados lo sepan.
Anthony Luna, director de Coastline Equity en Los Ángeles, mencionó que en las últimas semanas recibió consultas de administradores preocupados por estas citaciones. Según Luna, “la mayoría de los propietarios no planea colaborar si las recibe”.
En Boston, la abogada Jordana Roubicek Greenman relató que una clienta recibió un mensaje de voz de un oficial del ICE en el que le pedía datos de un inquilino, y recomendó ignorarlo.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la vocera Tricia McLaughlin declaró que “el ICE está autorizado a obtener registros mediante citaciones administrativas específicas”. Según la funcionaria, “no cumplir, puede implicar sanciones legales graves”.
Sin embargo, la profesora Lindsay Nash, de la Universidad Yeshiva, señaló que para hacerlas cumplir, el organismo debería solicitar su validación a un tribunal federal. De todos modos, Nash explicó que si un juez aprueba la demanda, los propietarios aún podrían oponerse legalmente.
El uso de citaciones administrativas por parte del ICE ya existía en la primera presidencia de Trump, aunque antes se enviaban mayoritariamente a agencias policiales locales. Según Nash, que investiga el tema desde hace años, es poco habitual que se dirijan directamente a arrendadores.
Teusink comentó que sus clientes están acostumbrados a recibir citaciones firmadas por jueces en otros contextos, como investigaciones policiales locales. En este caso, concluyó que “parecía que estaban de pesca”.
En este sentido, organizaciones de derechos civiles expresaron preocupación por el uso de estas citaciones para localizar inmigrantes. Muchos habían entregado su dirección al ingresar a Estados Unidos como condición para entrar sin visa, y ahora esos datos podrían ser utilizados para encontrarlos.
Según explica AP, no está claro cuántas citaciones de este tipo se emitieron, aunque los especialistas advierten que podrían abrir un nuevo frente en los esfuerzos para localizar a inmigrantes en situación irregular.
Por su parte, Anthony Luna cuestionó el procedimiento: “Si están buscando criminales, ¿por qué no recurren a los tribunales? ¿Por qué necesitan los archivos de los arrendadores?”
Las campañas de “Conozca sus derechos” insisten en que los propietarios no están obligados a permitir el acceso sin orden judicial. De acuerdo con Nash, si un juez no valida la citación, los propietarios pueden rechazar el pedido.
Sin embargo, el problema, según la experta, está en que “mucha gente ve estas citaciones, piensa que son oficiales, cree que el lenguaje suena amenazante, y por eso responden”.