El Senado de la Nación aprobó este jueves la ley que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria y establece una jubilación mínima con un monto actualizado y un bono previsional superior a los $100.000. La norma también prorroga la moratoria para quienes no completaron los 30 años de aportes.
La votación resultó en 52 votos a favor y 4 abstenciones, con respaldo del peronismo, la Unión Cívica Radical, bloques provinciales y un sector del PRO. El oficialismo de La Libertad Avanza, junto con parte del PRO y otros aliados, se retiró del recinto en señal de rechazo al temario y anunció que judicializará la sanción.
La sesión se desarrolló en un clima de fuerte tensión política, en medio de la advertencia del presidente Javier Milei, quien anticipó que vetará la ley por considerarla “incompatible con el equilibrio fiscal”.
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¿Cómo quedan las jubilaciones y el bono?
- Jubilación mínima actual: $309.000
- Jubilación mínima con la nueva ley: $331.000
- Bono previsional actual: $70.000
- Bono previsional con la nueva ley: $110.000
A través de esta actualización, quienes perciban la jubilación mínima pasarán a cobrar $441.000 mensuales entre haber y bono. La medida impactará directamente en el bolsillo de más de cinco millones de personas.
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También se extiende la moratoria previsional
La nueva normativa prorroga el régimen de moratoria previsional, que permite regularizar años no aportados mediante un plan de pagos en cuotas. Este mecanismo es clave para que adultos mayores sin aportes suficientes puedan acceder a una jubilación.
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Desde la oposición destacaron que la prórroga evitará que unas 9.000 personas por mes queden excluidas del sistema previsional, lo que consideran una medida de justicia social y previsibilidad.
¿Cómo se financiará la medida?
Según el texto aprobado, el financiamiento del incremento previsional se sostendrá a través de:
- Eliminación de exenciones impositivas para directores de empresas.
- Fin de beneficios fiscales a sociedades de garantía recíproca.
- Reasignación de partidas presupuestarias actualmente asignadas a la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE).
- Utilización de recursos provenientes de registros automotores.
- Ahorros fiscales por baja en la tasa del FMI.
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Los impulsores del proyecto sostienen que estas fuentes son suficientes para cubrir el costo fiscal estimado y remarcan que la medida no compromete el equilibrio macroeconómico si se administra de forma eficiente.
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Veto y posibles consecuencias
Tras la aprobación, Milei ratificó que usará su facultad de veto. En un acto público, acusó al Congreso de actuar “en forma desesperada” y consideró que los legisladores están “fabricando riesgo país”.
En ese escenario, la oposición ya adelantó que recurrirá a la Justicia si el Ejecutivo bloquea la ley. La disputa entre poderes podría derivar en una controversia institucional con impacto en la economía y los sectores vulnerables.