El juez federal Julián Ercolini resolvió no hacer lugar al planteo de la defensa del ex Presidente que pretendía que la investigación por violencia de género impulsada por la denuncia de Fabiola Yañez, deje de tramitar en Comodoro Py y sea enviada al juzgado de San Isidro. El magistrado entendió que hay elementos suficientes que sustentan que el caso debe continuar en su juzgado con la intervención del fiscal Ramiro González.
Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, el juez rechazó «por prematura la solicitud de competencia al juzgado de San Isidro» y resolvió «de conformidad con los dictámenes de la querella y el fiscal Ramiro González».
La primera en pronunciarse en contra de la pretensión de Alberto Fernández, de querer sacar la causa de los Tribunales de Retiro, fue la querella a cargo de la abogada Mariana Gallego. Sostuvo que el delito de lesiones leves y graves atribuido a Alberto Fernández no se circunscribió en la quinta de Olivos para darle intervención al juzgado federal de San Isidro.
Entre sus argumentos la defensa de Fabiola Yañez habló de una continuidad de los hechos de violencia que iniciaron en 2016, en el departamento de Puerto Madero en la Ciudad de Buenos Aires, lo que le otorgaría jurisdicción a Comodoro Py. Da un paso más allá y la abogada habló de sucesos de violencia que se cometieron incluso, después de concluida la presidencia de Fernández, en el mismo departamento del barrio porteño. «Todo empezó ahí y continuó en ese lugar», sostuvo.
A continuación opinó el fiscal federal Ramiro González, quien en su dictamen consideró que los argumentos de Silvina Carreiro -abogada del ex presidente-, carencían de sustento. Sólo se refieren a “hechos presuntamente denunciados” y confinarlos a la Quinta de Olivos por la sencilla razón de que en ese momento, básicamente, no se encontraba descripto un objeto sobre el que pronunciarse”.
El representante del Ministerio Público Fiscal, rechazó el planteo para que la causa se vaya a San Isidro refiriéndose a la “escasez de fundamentos del pedido sin un desarrollo del que pueda predicarse la existencia de una verdadera argumentación”.
Entre los ejes centrales de su planteo, la fiscalía indicó: “No puede dejar de reiterarse que más allá de las calificaciones legales que eventualmente corresponda asignar de un modo definitivo a los hechos objeto del proceso, estos surgen de un relato que revela un contexto de violencia de género asentado sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo”.
Estas características, que aparecen “ya identificadas con bastante claridad desde el inicio, imponen un comportamiento prudente a la hora de definir la intervención del juez que habrá de intervenir en razón del territorio pues, justamente, el tiempo, el contexto y las formas violentas de ejercicio de poder que han sido denunciadas no pueden asignarse, de momento, a un enclave geográfico único y determinado”.
Bajo estos lineamientos, el juez federal Julián Ercolini se pronunció y sostuvo que el expediente que tiene imputado a Alberto Fernández por hechos de violencia de género, debe continuar tramitando en Comodoro Py.