El decreto de necesidad y urgencia 656/24, por el cual el presidente Javier Milei dispuso aumentar en $100.000 millones los gastos reservados de la resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias, se encamina a ser rechazado por la oposición en el Congreso. Tanto el sector dialoguista como el ala dura que encarna el kirchnerismo anticiparon duras objeciones, legales y políticas, al polémico DNU, el cual se convertiría el primero en ser rechazado en la historia parlamentaria si los planteos de hoy se cristalizan en votos.
Frente a esta amenaza, el oficialismo y sus aliados desplegaron una estrategia para intentar demorar esta instancia en ambos recintos. Su objetivo es persuadir, en el ínterin, a los opositores aliados sobre la necesidad de reforzar el presupuesto del sistema de inteligencia nacional que, según advierte el Gobierno, quedó diezmado tras la gestión kirchnerista y, por lo tanto, vulnerable a eventuales amenazas del crimen organizado y terrorismo internacional, máxime desde que el gobierno de Javier Milei declaró a Hamas como una organización terrorista.
Como primer paso en esta estrategia dilatoria, el oficialismo evitó incorporar los decretos relativos a la reestructuración e incremento presupuestario de la nueva SIDE en el temario de la reunión que celebrará la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el próximo jueves. Esta comisión es la encargada de expedirse sobre la validez o no de los decretos presidenciales. Empero, esta jugada tiene patas cortas. En primer lugar, porque la oposición –que tiene mayoría en dicha comisión- buscará incorporar estos decretos en el temario y discutirlos de manera prioritaria. Así lo anticiparon la UCR, que emitió un pronunciamiento crítico al DNU, y Hacemos Coalición Federal
En segundo lugar, y esto es tal vez lo más relevante, la ley 26.122 –que regula el tratamiento legislativo de los DNU- permite a las cámaras a tratar “de oficio” un decreto presidencial si la Comisión Bicameral, vencido el plazo de 10 días hábiles desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete, no emite el despacho correspondiente. Esto es lo que sucedió, precisamente, con el DNU 70/2023 de desregulación económica con el que el presidente Milei inauguró su mandato: aun sin dictamen de la Comisión Bicameral, el Senado lo rechazó con 42 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones. Claro que este DNU aún sigue vigente merced a que en la Cámara de Diputados los opositores dialoguistas, en colaboración con el oficialismo, resisten la embestida del kirchnerismo por voltearlo.
El DNU sobre gastos reservados a la SIDE se presentó el jueves pasado; según los tiempos que prevé la ley, a partir del 15 de este mes ambas cámaras estarán facultadas para tratarlo en el recinto. No se necesitarían mayorías agravadas, sea para aprobarlo o desecharlo, aun si no se cuenta con el dictamen respectivo.
Esta es otra complicación seria para el Gobierno ya que el grueso de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica –dos de los bloques dialoguista- se inclina, a priori, por rechazar el decreto en la Cámara de Diputados. En el Senado, en tanto, el kirchnerismo con sus 33 miembros, solo requeriría otros cuatro votos para voltearlo.
Las razones para el rechazo se fundamentan en tres ejes. En primer lugar, los opositores señalan que el decreto avasalla atribuciones propias del Congreso, ya que la ley 24.156 de administración financiera establece que a él le quedan reservadas las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto , “así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia”.
Además, se advierte que con esta asignación de $100 mil millones de fondos reservados al sistema nacional de inteligencia, el 75% del presupuesto del área será secreto –es decir, ajeno a los controles institucionales ordinarios-, lo que enciende todas las luces de alarma de una oposición recelosa por el manejo que de esos recursos pueda realizar el gobierno libertario. Por último, los opositores cuestionan que este incremento sideral en las partidas destinadas a inteligencia –el presupuesto del área se incrementó en un 800% en lo que va del año– es una verdadera bofetada en el actual contexto de fuertes ajustes presupuestarios.
Corridos por los tiempos, el oficialismo buscará reactivar en breve otra comisión bicameral para intentar diluir la ofensiva de la oposición dura: la que fiscaliza los organismos de Seguridad e Inteligencia, un cuerpo cuya integración está demorada por la puja entre el asesor estrella del presidente, Santiago Caputo, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, en la designación de su presidente. Mientras que Caputo postula al peronista Edgardo Kueider, Bullrich impulsa al misionero Martín Goerling (Pro).
El propósito de convocar a esta comisión bicameral es permitirles a las flamantes autoridades de la SIDE –encabezadas por su secretario Sergio Neiffert– que justifiquen ante sus miembros la necesidad de reforzar el presupuesto del organismo de inteligencia y que expliquen qué destino se le darán a los fondos reservados. Esta comisión cuenta con una ventaja: sus reuniones son secretas.
“La Comisión Bicameral de Inteligencia es el ámbito más idóneo para dar esta discusión. Se trata de fondos reservados: un asunto tan delicado no debería ventilarse en un plenario de comisiones o en el recinto, esto escaparía a cualquier lógica”, sostiene Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados de Pro e integrante de la comisión.
Miguel Pichetto comparte este pensamiento. El jefe de la bancada de Hacemos Coalición Federal se reunió la semana pasada, en reserva, con Caputo, quien lo convocó inquieto ante la amenaza opositora. El asesor presidencial es apuntado como el arquitecto de la nueva SIDE: de hecho, Neiffert es un hombre de su riñón.
Pichetto, quien es visto por el oficialismo como el más “dialoguista” del bloque que preside, le sugirió a Caputo que ponga en marcha cuanto antes ambas comisiones bicamerales –la de Trámite Legislativo y la de Inteligencia- para darle cauce institucional al debate sobre los gastos reservados y evitar, así, el rechazo liso y llano del DNU en ambos recintos. A su juicio el polémico decreto es válido, ya que su materia no está vedada por la Constitución, como también razonable: un área de alta sensibilidad política, como es la inteligencia nacional, amerita un presupuesto reservado robusto.
No es lo que piensa la mayoría de los integrantes de su bancada y así se lo hicieron saber en la reunión que mantuvieron el jueves pasado. Nicolás Massot, uno de los críticos más acérrimos, es partidario de declarar, sin más, la nulidad del DNU. Lo mismo sostiene Margarita Stolbizer (GEN), autora de un proyecto de resolución en ese sentido. Una iniciativa similar presentó Maximiliano Ferraro y su bloque de la Coalición Cívica.
“Este DNU presenta serias deficiencias en su fundamentación y justificación. Tampoco es razonable, pues solo se otorgan partidas presupuestarias a los gastos reservados y ni siquiera se ocupa de dotar a la nueva estructura de la SIDE de los fondos necesarios para su funcionamiento. Es decir, estamos frente a una norma que carece de proporcionalidad entre los medios utilizados y los fines buscados”, advierten en la Coalición Cívica.
Stolbizer, por su parte, advierte que semejante monto para gastos reservados permite que su ejecución se realice por fuera de todos los radares del control institucional y ciudadano. Una advertencia que comparte buena parte de la oposición, que mira con recelo el creciente poder político y de manejo presupuestario que viene acumulando Caputo en la administración libertaria. No son pocos los que simpatizan con la idea de ponerle límites a su avanzada.