El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), responsable de realizar el debate que sentará, nuevamente, a Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados, en esta ocasión por asociación ilícita, lavado de dinero y dádivas en los casos Hotesur y Los Sauces, resolvió que hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no deje firme el fallo que ordenó la reapertura del caso, no se realizará el juicio.
En noviembre del año pasado, los abogados de la ex vicepresidenta acudieron al máximo tribunal para pedir que se anule el fallo de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Esa resolución dejaba sin efecto el sobreseimiento que habían obtenido Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa (sólo en Los Sauces), Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), entre otros.
La consecuencia directa de esa sentencia es la realización del juicio oral y público. Para dar cumplimiento con eso, se conformó un nuevo Tribunal, ya que dos de los magistrados -Daniel Obligado y Adrián Grünberg- habían votado que el debate no debía hacerse por inexistencia del delito.
Con una nueva conformación, el TOF 5 ahora integrado por la jueza Adriana Palliotti (la única que desde un comienzo sostuvo que el juicio era la mejor instancia para defenderse de las acusaciones), José Michilini y Nicolás Toselli, respondió al fiscal general Diego Velasco, quien había pedido una serie de medidas de prueba para avanzar de cara al juicio.
«Corresponderá tener presente por el momento la solicitud efectuada por la Fiscalía, hasta tanto lo resuelto por la Sala I de Cámara Federal de Casación Penal con fecha 18 de septiembre de 2023, adquiera firmeza«, fue la respuesta. Es decir que la solicitud del fiscal para la preparación del juicio oral no será respondida hasta que se pronuncie la Corte, sostiene la resolución del TOF 5 a la que accedió Clarín.
El fiscal que intervendrá en el juicio había pedido nuevas medidas para que sumen a la instrucción del caso y también que se incorporen algunas pruebas que se generaron en otras causas, como los mensajes del celular de José López -ex secretario de Obras Públicas- que se expusieron durante el juicio de Vialidad que terminó con una condena a seis años de prisión para Cristina Kirchner.
Ante los reiterados pedidos para que se sustancie la prueba que solicitó el fiscal Velasco, el Tribunal le respondió que por el momento no correspondía impulsarlas, ya que se debe esperar a que el fallo de la Casación Federal que ordenó la realización del debate oral quede firme.
Los acusados en el marco de estos expedientes Hotesur-Los Sauces, donde se investigaron maniobras de lavado de activos a través de la simulaciones de operaciones hoteleras y alquileres de propiedades, respectivamente llegaron hasta la Corte Suprema con el pedido de anular la orden de de realización del juicio.
La Corte no tiene plazos para expedirse.
Empresas «pantallas»
El expediente unificado Los Sauces-Hotesur (que en la etapa de instrucción se investigaron por separado) indagó sobre una maniobra de lavado de activos en la que tanto la inmobiliaria Los Sauces como la firma hotelera Hotesur -ambas de la familia Kirchner- se habrían utilizado como “pantallas societarias” para el reciclado de una porción de los fondos que Lázaro Báez (a través de la obra pública vial) obtenía y bajo este esquema a modo de retorno, regresaba al patrimonio de los Kirchner.
En función de los acuerdos comerciales que el dueño del Grupo Austral y la familia Kirchner, tanto Velasco como Mario Villar (fiscal ante la Casación) entendieron que “el lavado no se agota en Lázaro Báez” y que había que tener en cuenta que en este expediente las operaciones de blanqueo se “realizaron para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios».
Se unió así el caso Vialidad con Hotesur y Los Sauces. El circuito descripto por el Ministerio Público Fiscal indica que con el pago inicial del Estado “era Lázaro quien lavaba el dinero, pero en los pasos siguientes lo lograban lavar los destinatarios finales», es decir: Cristina Kirchner y su familia.
Para los fiscales, el contratista recibía los fondos para obras públicas viales y “después una porción era volcada a maniobras de blanqueo” a través de las empresas de los Kirchner. “Se ha probado una trazabilidad directa del dinero desde las sociedades controladas por Lázaro Báez que tenían obra pública y los depósitos posteriores a las cuentas de los imputados», Cristina y Máximo Kirchner.