sábado, 16 noviembre, 2024
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Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

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Por Joaquín Morales Solá

El paisaje depende siempre del lugar desde donde se lo mire. La reciente resolución, polémica y controversial, de una sala de la Cámara de Casación Penal sobre la conocida causa de los cuadernos, la investigación periodística más importante que se ha hecho sobre la corrupción política, contribuyó a ratificar el excepcional trabajo del periodista Diego Cabot publicado en LA NACION y las posteriores pesquisas del fiscal Carlos Stornelli y del juez Claudio Bonadio, ya fallecido. Si bien esa sala de Casación sacó el caso del empresario Ángelo Calcaterra –dueño entonces de una empresa de construcción– de la Justicia Penal y lo envió a la Justicia Electoral, que tiene leyes más benignas, el fallo conlleva otra connotación. Confirma ampliamente el trabajo de Cabot: hubo un vasto sistema de corrupción vinculado con la obra pública; ratifica que también hubo presión del gobierno kirchnerista sobre los empresarios cuyos negocios estaban vinculados al Estado, y corrobora que los empresarios aceptaron un modo deshonesto de relacionarse con los funcionarios públicos. Esa fue la conclusión central de la investigación del periodista Cabot y de las indagaciones judiciales de Bonadio y Stornelli, los primeros magistrados que en la Justicia hurgaron en esa escandalosa denuncia. Nunca otros empresarios, que pagaron sobornos de manera constante y sistemática, podrían acogerse al precedente de Calcaterra; este dijo desde el principio que lo habían obligado a entregar dinero en los meses y semanas previos a las elecciones de 2013 y 2015. Desde que llegó casi llorando al despacho de Stornelli para ofrecerse como colaborador arrepentido, antes incluso, según consignaron los jueces de Casación, de que Calcaterra fuera citado o nombrado públicamente. Esa es la opinión que se escuchó cerca de los magistrados Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que integraron la sala de Casación que dictó la cuestionada resolución: “No podrá tomarse esta resolución como un antecedente para todos los empresarios procesados en la causa de los cuadernos”, dijeron al lado de ellos.

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01.00 | Jorge Fernández Díaz: “Logros, zonceras y densos nubarrones”

Por Jorge Fernández Díaz

El día siguiente de las elecciones europeas, Fernando Savater tenía una cita con un grupo de alumnos de una escuela secundaria en la periferia de Madrid. En su fuero interno, al filósofo lo intrigaba saber qué sería de aquellos muchachos en la madurez y también si se tragarían las psicopatías y zonceras mediáticas y políticas de la época; luego se preguntaba: “¿Preferirán la moderación, que a menudo se equivoca o no se atreve a acertar, a los extremismos, siempre equivocados?” Aun anotándose en la moderación, Savater no pudo sin embargo con su genio y lanzó una ironía sobre los alarmismos poco ecuánimes de la progresía española frente al avance de los ultras: “Ya ser de derechas es una enfermedad grave, pero ser de ultraderecha es la fase terminal de la dolencia. En cambio, no hay ultras de izquierda: en el bien no puede haber exceso. Hace unos años solía decirse, como una broma cínica, que nunca se es demasiado rico, ni se está demasiado delgado, ni se sale demasiado en televisión. Ahora el criterio que impera es que nunca se es demasiado de izquierdas… ni se es de izquierdas demasiado tiempo”. La reflexión resuena en un contexto que comienza a descascararse por la inquietante irrupción de La Nueva Derecha: Savater está mosqueado con los “progres” de tintes populistas que mandan desde hace rato en ciertas naciones de Europa, pero me atrevo a profetizar que pronto lo estará también con los “fachas”. Lo dicho: los extremismos siempre se equivocan.

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Pablo Otero, el

Pablo Otero, el «Señor del tabaco»

Por Hugo Alconada Mon

Eran tres: dos que investigaron y la jefa de ambos. Avanzaron por debajo de los radares de casi todos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la presidencia de Alberto Fernández. Hasta que un lunes, ya con Javier Milei en la Casa Rosada, completaron el informe sobre los miles de millones de pesos al año que, concluyeron, evade Tabacalera Sarandí, la nave insignia de Pablo Otero, el “Señor del Tabaco”. Y lo subieron a la red interna del organismo tributario. Entonces comenzaron los problemas: les robaron sus computadoras ese fin de semana, los reasignaron a otras funciones, les iniciaron un sumario y quedaron bajo sospecha, según reconstruyó LA NACION durante los últimos dos meses.

El informe fue contundente. Expuso que Tabacalera Sarandí subfacturó durante años grandes volúmenes de cigarrillos que en teoría les vendió a supuestos intermediarios que en realidad no se dedican a comercializar tabaco o a personas que figuran en la base de contribuyentes no confiables de la propia AFIP; entre otros motivos, por emitir facturas truchas. ¿La conclusión del reporte? El desfalco a las arcas públicas de la empresa de Otero y otras tabacaleras locales (mucho más pequeñas que Sarandí) ascendería a los 185.000 millones de pesos.

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00.00 | Bullrich echó al número dos del Ministerio de Seguridad y lo denunció ante la Oficina Anticorrupción

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al exsecretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al exsecretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro.Ministerio de Seguridad

Por Matías Moreno

Mientras el presidente Javier Milei disfruta de su gira por España y Alemania, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, echó hoy de forma sorpresiva al número dos de su cartera, Vicente Ventura Barreiro, a quien acusó de haber intervenido en una licitación de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal (SPF) con el supuesto fin de beneficiar a un grupo de quince empresas que participaban del negocio.

Tras notificarle su decisión a Milei y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la funcionaria denunció a Ventura Barreiro ante la Oficina Anticorrupción (OA). “Este Gobierno ha asumido un compromiso con la transparencia de la gestión”, argumentó Bullrich, quien acusó a Ventura Barreiro de “haber intentado interferir en un proceso licitatorio de servicios de comida” para el SPF.

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