El festival de Vox en el que participaron el presidente Javier Milei y su secretario de Culto, Francisco Sánchez, y que tuvo lugar en Madrid el pasado sábado todavía genera polémica. Este viernes por la mañana se conoció una denuncia que hicieron diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) contra ambos libertarios por usar recursos públicos para viajar a España y participar de ese evento ultraderechista.
La presentación judicial por peculado y defraudación al Estado, a la que accedió LA NACION, fue radicada por los legisladores nacionales Fernando Carbajal, Pedro Galimberti y Manuel Aguirre. Recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, a cargo de Ariel Lijo, uno de los candidatos de Milei para la Corte Suprema de Justicia.
Según expresó el propio Carbajal en su cuenta de X, la información publicada les pareció suficiente para avanzar con esta medida contra el Presidente y su secretario, que depende de la canciller Diana Mondino.
“Lo relevante a los fines de esta denuncia es que el Presidente viajó a España por cuestiones estrictamente personales. Asistió a una actividad de carácter partidaria y fue a presentar un libro de su aparente autoría. Sin embargo, tanto el cómo su comitiva viajaron con fondos del Estado nacional, pese a tratarse de un viaje privado”, señalaron los tres diputados radicales en el documento.
“Hemos de señalar que este carácter privado del viaje resulta de la naturaleza de ambos eventos, ninguno de los cuales tiene relación alguna con la gestión de los intereses nacionales. Pero además se halla refrendado jurídicamente por el propio Estado Argentino quien, a través de su embajador, así lo informó oficialmente al Reino de España, conforme se hiciera público recientemente por publicaciones del diario El País de España”, añadieron.
El Gobierno justificó que pagó la travesía con fondos públicos debido a que Milei también se encontró allá con un grupo de representantes de empresas, a la vez que marcaron que la definición que se utilizó en el documento firmado por Roberto Bosch se trató de un tecnicismo protocolar de la Cancillería.
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LA NACION