El Gobierno decretará la emergencia ferroviaria. La decisión se adoptó tras el choque del tren de la línea San Martín que dejó más de 90 heridos y fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien no dio mayores precisiones acerca de qué hará la gestión de Javier Milei para mejorar la seguridad de las líneas ferrocarriles y el modo en que viajan los pasajeros y trató de desvincular la medida con lo ocurrido el el pasado.
El portavoz comunicó lo resuelto por el Gobierno al cabo de su habitual conferencia de prensa, cuando lo consultaron sobre el accidente del viernes pasado. «Por supuesto que dejamos que la Justicia investigue y por supuesto que creemos que hubo un error humano. También somos respetuosos del trabajo que hace la Justicia. Estamos colaborando con todo lo que nos requiera la Justicia. Se va a declarar la emergencia ferroviaria en línea con el informe de la CNRT que se ha trasladado a las diferentes autoridades que tienen a cargo los diferentes ramales de trenes«, señaló.
Adorni no dejó pasar la pregunta sin responsabilizar a la anterior gestión por cómo funcionan los ferrocarriles. «Nos encontramos en trenes con una deuda de algo más de cien millones de dólares. Se ponía más énfasis en pintar algún mural en alguna estación que en aportar al mantenimiento del sistema», dijo sin hacer mención a la falta de respuesta del actual gobierno a la denuncia sobre el robo de cables del sistema de señalización que los gremios venían realizando en los días previos al siniestro.
Se espera que la declaración de emergencia ferroviaria permita, justamente, disponer de la administración de fondos para afrontar contingencias como las que sufrieron algunas líneas en los últimos meses, por ejemplo con el robo de cables o los daños en la infraestructura.
La intención de Milei de privatizar los trenes
La intención del Gobierno de Javier Milei, más allá de la administración de fondos para contingencias -que es lo que habilita la emergencia ferroviaria-, es que en el futuro el servicio de trenes pase a manos privadas, así como muchas otras empresas estatales, tal como se está discutiendo a través de la Ley Bases en el Congreso. El ministro del Interior, Guillermo Francos, se refirió a esa posibilidad el viernes pasado, tras el accidente en Palermo.
«La situación de los ferrocarriles en general no es buena, habrá que analizarlo. La necesidad de participación y control privado es importante. Está a las claras que la situación de los ferrocarriles en general es mala por el servicio que se presta, por cuestiones de seguridad. Es un tema que tenemos que rever los argentinos, el estado de las vías, de la señalización, uno lo viene escuchando hace muchos años», señaló.
La emergencia ferroviaria tiene antecedentes en el país: en 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, se declaró emergencia en el sector y estuvo vigente durante varios años. Por entonces, el decreto había establecido la suspensión de todas las obras e inversiones, la anulación de los aumentos tarifarios dispuestos por la gestión de De la Rúa, la reprogramación de todos los diagramas de servicios y la readecuación del régimen de sanciones para los operarios.
Ajuste en Trenes Argentinos
Desde la asunción del Gobierno de Milei, se viene dando un marcado ajuste en Trenes Argentinos: según un análisis presupuestario realizado por el área de Justicia Fiscal de la organización no gubernamental Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), las transferencias del Tesoro a las empresas ferroviarias públicas tuvieron un recorte del 60% en los primeros cuatro meses de 2024 respecto del mismo período del año anterior.
La sociedad estatal que soportó el mayor ajuste en la gestión de Milei fue la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, con un 92% de reducción.
Una semana antes del choque en Palermo que dejó casi un centenar de heridos, desde Trenes Argentinos habían alertado a sus superiores sobre los problemas de la línea debido a las restricciones presupuestarias, según informó el medio digital Enelsubte.
El informe se remitió al presidente de Ferrocarriles Argentinos, Patricio Gilligan, a la Secretaría de Transporte que conduce Franco Mogetta y también a Mauricio González Botto, funcionario de la Jefatura de Gabinete de la Nación que tiene a cargo el área donde se analiza la situación de cada unas de las empresas estatales que el Gobierno tiene previsto dejar en manos privadas.
Según advirtió al Gobierno Trenes Argentinos, el ahogo presupuestario ha llevado a la parálisis del mantenimiento regular del material rodante, la paralización de licitaciones para adquirir o recuperar material rodante –incluyendo la reparación de locomotoras para la línea San Martín–, el acceso al combustible y al pago de gastos de electricidad para los distintos servicios, la adquisición de insumos básicos para el mantenimiento de vías, la contratación de servicios médicos de atención a los pasajeros y de servicios de seguridad en trenes y estaciones, entre otros.
El ajuste también se está implementado a través de despidos. En abril, la Unión Ferroviaria (UF) y la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) denunciaron decenas de despidos en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE), encargada de dirigir las obras de infraestructura ferroviaria de Trenes Argentinos.
«Están tratando de aplicar el mismo preámbulo que en los 90»
La semana pasada, tras el accidente en Palermo, el extitular de Trenes Argentinos Martín Marinucci, había marcado en diálogo con la AM750 las similitudes con el desfinanciamiento del sistema ferroviario que se produjo durante la presidencia de Carlos Menem.
“Acá hay que entender eso que se plantea como punto de inflexión, que es el ferrocidio de los 90. El sistema ferroviario es una máquina que hay que mantener todos los días. Lo único que están analizando (en el Gobierno) es el listado de los despidos y pidiendo la plata para poder echar 3000 trabajadores, donde el 60 por ciento tiene más de 10 años de experiencia. Están destruyendo la empresa para, de alguna manera, les salga más barato con una privatización. Están tratando de aplicar el mismo preámbulo que en los 90”, apuntó Marinucci.