«El Estado decidió condenar a muerte a los miles y miles que tenemos cáncer en este país». Esto es lo que dice Julián Fernández en un video de un minuto y medio de duración que se ha vuelto viral. Su testimonio es lapidario. Este hombre de 59 años, docente de filosofía, está haciendo un tratamiento desde el 1 de febrero debido a que padece cáncer de pulmón. «Estamos ante un genocidio porque el gobierno ha decidido no darnos a los pacientes la medicación oncológica que nos corresponde. Quienes estamos en esta situación, no podemos esperar por una razón muy simple: nos corre el tiempo. Salvarnos o no depende de la decisión del gobierno. Y el gobierno ha decidido dejarnos morir», agrega, en diálogo con Página 12.
Oriundo de Rosario, ha vivido gran parte de su vida en Buenos Aires y en los últimos tres años se mudó con su pareja a un pueblo de Córdoba. No quiere decir exactamente dónde vive para no comprometer a la oncóloga y al hospital que le brindan atención «porque ya sabemos la suerte que corren los empleados públicos en este momento», dice al otro lado del téléfono. Docente de filosofía, habla con claridad y su voz profunda tiene apenas algún rastro de cansancio. Contará en algún momento que acaba de llegar de su cuarta sesión de quimioterapia.
Fernández debería estar concentrado en el cuidado de su propia salud. Pero ha decidido poner el cuerpo, literalmente, para que la situación de los pacientes oncológicos tome estado público. «Hace un tiempo, mi oncóloga me dijo que en su consultorio atiende 15 pacientes listos para empezar la quimio y no pueden hacerlo porque no les envían los medicamentos. El hospital tenía medicamentos en su reserva pero ya no. Al saber esto, me desesperé».
Como informó Página 12 en febrero, el gobierno cortó en diciembre la asistencia a pacientes con cáncer, enfermedades crónicas y autoinmunes. Lo hizo a través de la interrupción de las tareas que realizaba la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), un programa que había sido creado en 2016 con el objetivo de ayudar a aquellos pacientes de afecciones urgentes que no disponían de cobertura sanitaria o estaban en condición de vulnerabilidad. La decisión estuvo a cargo de Pablo de la Torre, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Capital Humano que gestiona Sandra Pettovello.
«Desde Nación, habilitaron hace poco cierta medicación oncológica pública que es la menos costosa. Justo mis drogas están incluidas ahí. O sea que por ahora tengo garantizado el tratamiento», aclara Fernández. Pero eso no lo ubica en una zona segura: «El gobierno suspendió los estudios minuciosos para dar con la droga exacta para el tipo de tumor que se tenga. Entonces, una de las drogas que recibo es específica pero la otra, no se sabe. Porque no me pueden hacer el estudio».
Frente a esta situación, Fernández grabó un mensaje de audio primero y el video que se hizo viral, después. No por él, aclara, sino por todas las personas que atraviesan un problema de salud crucial. Por eso exige que la justicia y los organismos de derechos humanos se involucren en el tema. «El cáncer no espera. Si habilitan los medicamentos menos costosos, ¿por qué no habilitan todos?. Porque están pensando el asunto en términos de economía, no de vidas humanas».
«Estamos hablando de un presidente votado pero aún es un genocida. No lo digo como un calificativo más sino porque investigué el tema. Lo que está haciendo Javier Milei es es programar la muerte de parte de la sociedad. Al no entregar los medicamentos oncológicos, está perpetrando un genocidio. Y es de eso de lo que hay que hablar ya que el derecho a la salud es un derecho humano. No es casual que en su discurso del 24 de marzo pasado, Adolfo Pérez Esquivel se haya referido a este problema», insiste.
Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer está entre las primeras 10 causas de muerte del ser humano en el mundo. Argentina es el quinto país de América Latina con mayor incidencia de esta enfermedad, con 360 diagnósticos por día –15 casos por hora– que se traducen en más de 130.800 detecciones y 60.000 muertes al año, según estimaciones de 2020 del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC), a partir de los datos producidos por registros nacionales oncológicos de base poblacional.